Fecha Publicación: 18-05-2021
Tras la crisis financiera de 2008, una de las grandes promesas del G-20 y del Consejo de Estabilidad Financiera fue acabar con los llamados bancos “demasiado grandes para quebrar” en el sentido de que, en caso de quiebra, estos bancos ponían entre la espada y la pared a los gobiernos nacionales, o se rescataba el banco en problemas o se enfrentaban problemas financieros aún mayores para el resto de la economía. Para ello se generaron estándares internacionales para que estas instituciones, formalmente reconocidas como Bancos Globales de Importancia Sistémica (G-SIBS) fueran más resistentes, mejor supervisados y, en caso de que fueran a quiebra, no tuvieran que ser rescatados con recursos públicos.
En tal sentido es que, a partir de 2019, se implementó un programa de evaluación de las medidas tomadas, no solo en cuanto al cumplimiento de los estándares, sino también para la reducción de riesgo moral (tomar riesgos a sabiendas que pueden ser rescatados) y sistémico (impacto en el sistema financiero). En dicha tarea, los supervisores globales tuvieron que seleccionar una combinación de medidas cualitativas y cuantitativas, como las calificaciones de riesgo, los costos de financiamiento, o mayor intensidad en la supervisión, para orientarse respecto de las tendencias, puesto que no existen indicadores directos del cumplimiento de los objetivos antes mencionados.
Los resultados han sido recientemente publicados, y si bien muestran tendencias positivas, aún hay datos que obligan a no bajar la guardia. A 10 años de la publicación anual de la lista de G-SIBS, con todo y los mayores requerimientos de capital, continúan siendo prácticamente los mismos, lo que indica que ser un banco sistémico todavía es una ventaja. Por otro lado, mientras que las métricas parecen reflejar una disminución en la participación de mercado de los G-SIBS, la distribución geográfica de estos grandes conglomerados es aún relevante, promediando 44 jurisdicciones que cuentan con subsidiarias, lo que refleja el riesgo que pueden tener en caso de una quiebra debido a su complejidad, y en la que sería necesaria una gran coordinación para su resolución.
La pandemia de covid-19 causó un decrecimiento económico a nivel mundial en 2020, afectando por supuesto al sistema financiero, lo que obligó a las autoridades nacionales a tomar medidas temporales de ajuste, que hoy parecen haber dado resultados positivos, pues las instituciones financieras bancarias mostraron resiliencia. Esto ha sido tomado por parte de los organismos internacionales como una señal de que los estándares regulatorios funcionan, no obstante que la prueba no se compara con lo sucedido en 2008.
Por otro lado, en lo que respecta a las autoridades, si bien los supervisores de los países del G-20 han atendido sus compromisos regulatorios, y año con año se evalúan aspectos como facultades, medidas, transparencia y regulación, tales acciones siguen siendo tan solo medidas tomadas en el papel y, como se aprendió en 2008, uno de los grandes problemas de incentivos perversos del sistema financiero incluía la captura regulatoria de las autoridades llevando a la fragilidad institucional que terminó siendo permisiva para las actividades más riesgosas.
Si las leyes no resultan ser funcionales en la práctica, si el supervisor no cuenta con los recursos suficientes, y si la disciplina de mercado resulta etérea, como en 2008, ¿qué consecuencias tendrá una nueva crisis financiera? ¿Será que el superar la crisis causada por la pandemia más que haber sido un reto, ha sido un pretexto para luchar nuevamente las campanas al vuelo?
Adicionalmente a las históricas bajas de interés a nivel mundial, una nueva ola de dinero fácil se aproxima con las políticas de reactivación económica en Estados Unidos y Europa. Esperemos que de verdad el mundo haya aprendido las lecciones de la crisis, y como señalan Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en la próxima no creamos que “esta vez es diferente”.
