Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales

Última actualización:
2022-08-10 00:26

PRINCIPIOS DE ECUADOR ¿VITAMINADOS?

Publication Date: 21-01-2020

Los grandes proyectos de infraestructura, al llevarse a cabo, pueden causar afectaciones ambientales y sociales. Esto es evidente y, como dirían los estadounidenses, no estoy hablando de rocket science. Para mitigar estos riesgos es necesario contar con mecanismos, que permitan la identificación, prevención y mitigación de estos riesgos, que protejan tanto a los inversionistas como a las comunidades, los actores afectados como al medio ambiente. También es fundamental que desde la etapa de planeación de un proyecto de infraestructura se analicen y consideren estos riesgos, y se tomen en cuenta los intereses y las afectaciones de las personas y los sectores involucrados, entre otras muchas cuestiones. Pero, a pesar de no ser rocket science, tomó unas décadas entender los costos, económicos y no económicos, de ignorar este aspecto.

En respuesta a esto, los Principios de Ecuador (PE) se crearon en 2013 y establecieron estándares mínimos para reducir los riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos. Básicamente, estos principios plantean que los bancos y las instituciones financieras inviertan en proyectos de desarrollo que adopten criterios y procedimientos socialmente responsables y con políticas ambientales que reduzcan o eliminen el impacto negativo en el medio ambiente. Sin duda, representan un cambio de paradigma pues el propio sector financiero fue quien decidió incluir la sustentabilidad en la toma de sus decisiones. Es un paso importante y se aplaude.

En este sentido, no deja de sorprender que desde noviembre de 2019 se modificaron los PE y, sin embargo, poco (por no decir nada), se ha dicho en español al respecto. A pesar de la importancia y la magnitud del cambio, los reflectores y el ruido sobre el mismo fueron casi nulos.

Hoy, 101 instituciones financieras de 38 países han adoptado estos principios (incluidas dos en México: Banorte y CIBanco) y cubren más del 70% de las transacciones financieras en mercados emergentes. Los PE se han revisado tres veces. La última revisión (PE4) se acordó el 18 de noviembre de 2019, después de 2 años de un extenso proceso de consulta pública. A esta nueva versión le acompañó un cambio de liderazgo en la organización.

¿Cuáles son los PE? En total, son diez: 1) revisión y categorización; 2) evaluación ambiental y social; 3) normas sociales y ambientales aplicables; 4) sistema de gestión ambiental y social y plan de acción de los Principio de Ecuador; 5) participación de grupos de interés; 6) mecanismos de quejas; 7) revisión independiente; 8) compromisos contractuales; 9) seguimiento independiente y reporte, y 10) presentación de informes y transparencia.

¿Qué cambió derivado de la última modificación? A partir del 1 de julio de 2020, los PE4 serán aplicables a más productos financieros. Además, se establecen nuevos requisitos en materia de derechos humanos, cambio climático e impactos a pueblos indígenas, y, si bien no buscan tener una aplicación retroactiva, las expansiones y las mejoras de proyectos existentes serán sujetos de los PE4.

En específico, la mayoría de los proyectos deberán contar con una evaluación de impactos en los derechos humanos elaborada con base en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (que incluye la evaluación de los riesgos e impactos en los trabajadores). Una síntesis de esta evaluación deberá ser pública, accesible y disponible en línea. Además, deberán incluir una evaluación de riesgos del cambio climático alineada con los riesgos físicos (agudo o crónico) y transitorios (política/legal, tecnología, mercado y reputación) con base en el reporte final del grupo de trabajo sobre las revelaciones financieras relacionadas con el clima. Una síntesis de esta evaluación deberá ser pública, accesible y disponible en línea. Además, subsiste el requisito para proyectos que generen emisiones, de forma directa o indirecta, por más de 100 000 toneladas de dióxido de carbono anualmente de llevar a cabo un análisis de alternativas para evaluar alternativas con menor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

De igual forma, para los proyectos con impactos a pueblos indígenas, deberán contar con una evaluación de la consulta a estas comunidades en contraste con las leyes nacionales y las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Para el caso de México, tomando en cuenta que el desarrollo de la consulta previa, libre e informada es responsabilidad del Estado, los clientes deberán impulsar activamente a los gobiernos a cumplir con el estándar siete de las Normas de Desempeño del IFC. (Para este estándar, el consentimiento libre, previo e informado se conforma por las negociaciones de buena fe entre el cliente y las comunidades afectadas de pueblos indígenas. Este consentimiento no requiere unanimidad y puede lograrse aunque algunas personas o grupos de personas no estén de acuerdo. En este sentido, se requiere el consentimiento cuando haya impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario; se requiera la reubicación o pueda impactar significativamente el patrimonio cultural crítico).

Por último, el mecanismo de reclamación se modificó para requerir que sea eficaz (legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos, una fuente de aprendizaje continuo y basarse en la participación y el diálogo). Este mecanismo también deberá estar disponible para los trabajadores de las empresas.

Los retos para los proyectos en México son varios. Uno de ellos es que los responsables de la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto social tendremos que familiarizarnos con los nuevos requisitos del sistema de gestión ambiental y social, y entender las diferencias entre este principio y la regulación local. También será necesario poner atención especial en la consulta libre, previa e informada, pues si bien en México se desarrollan este tipo de consultas, será necesario que cumplan con las normas de desempeño del IFC.

Estos y otros desafíos están ahí. Los retos son diferentes según el actor y el sector. Será necesario avanzar y evolucionar con ellos.