Fecha Publicación: 28-01-2020
Mientras la violencia asedia a los mexicanos, la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador representa una oportunidad inédita para reconstruir el tejido social. Sin embargo, el texto actual desconoce la grave situación de inseguridad que atraviesa el país, omite los derechos de las víctimas a la reparación y abarca un número muy limitado de beneficiarios. Al descuidar estos tres elementos, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un gesto meramente simbólico y vacuo.
Alcance de la propuesta
Las amnistías están permitidas por el derecho internacional, siempre y cuando no sean extendidas a quienes cometen genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Así lo estipulan las disposiciones relevantes de derecho internacional humanitario y el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto para conflictos armados internacionales como internos. En adición, la jurisprudencia de Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, cuyas decisiones vinculan a México, prohíbe el uso de amnistías para personas responsables de tortura, desaparición forzada y violaciones graves de derechos humanos. Fuera de estos supuestos, las amnistías están permitidas y pueden incluir delitos menores o incluso políticos. La iniciativa mexicana, a discutirse próximamente en el Senado, cumple estos requisitos al excluir los delitos graves.
En cuanto a su alcance, la propuesta de López Obrador extingue la acción penal por robo simple, interrupción del embarazo y delitos menores relacionados con el narcotráfico, incluyendo el llamado “narcomenudeo”, la posesión de narcóticos y la introducción de estupefacientes al país. Sus principales destinatarios son las mujeres, las personas indígenas y los jóvenes, especialmente quienes son coercidos a delinquir y los individuos en situación de extrema pobreza. También se espera que la ley beneficie a miles de encarcelados por irregularidades judiciales.
Carencias
Para tener el impacto deseado, la amnistía debe, primero, incorporarse a políticas públicas de justicia transicional, hasta ahora prácticamente inexistentes. Del primero de diciembre de 2018—fecha en la que tomó posesión López Obrador—al 30 de noviembre de 2019 fueron asesinadas 34.579 personas en México, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cantidad sobrepasa las 33.743 muertes violentas registradas en 2018, el año con más homicidios desde que inició la guerra contra el narcotráfico en 2006.
Ante la intensidad de la violencia y el alto nivel de organización de los cárteles, algunos expertos han opinado que el país atraviesa un conflicto armado interno. Pero el gobierno siempre ha negado la existencia de una resistencia organizada, lo cual impide el uso de herramientas que establece el derecho internacional humanitario y mecanismos transicionales como negociaciones de cese al fuego, desarme y reinserción social de los narcotraficantes.
En segundo lugar, preocupa la ausencia de los derechos de las víctimas en la propuesta legislativa. Para privilegiar la reconciliación, el derecho internacional prevé que las amnistías deben facilitar el acceso a la justicia, reparaciones y garantías de no repetición a quienes sufren en manos de personas amnistiadas. Estos elementos se incluyeron en la amnistía colombiana de 2016, la cual también requiere del esclarecimiento de la verdad a través de comparecencias como condición para avalarse de la amnistía. México, cuya situación de inseguridad es comparable, debería seguir la misma línea.
Finalmente, el tercer elemento a considerar es la promoción de la amnistía ante los legisladores estatales. Su adopción por los 31 fueros provinciales le permitirá tener el mayor alcance posible, ya que el actual documento solamente abarca el ámbito federal. Actualmente, las autoridades afirman que unas 6.200 personas se encuentran purgando penas en prisiones federales. Sin embargo, este número es muy inferior a los cerca de 100.000 encarcelados en prisiones estatales por narcomenudeo.
Conclusión: hacia un diálogo nacional
La propuesta representaría un avance de ser aprobada, pues contribuiría a eliminar los estigmas sociales asociados al aborto y aflojaría la mordaza que la sociedad mexicana se impone en torno al consumo de drogas. Pero el texto actual carece de elementos suficientes que permitan reducir la violencia y el resentimiento social a largo plazo.
México encontrará la paz cuando encare sus realidades de manera frontal y contundente. Como la nueva ley apunta, ello implica eliminar la indiferencia ante los más necesitados. Pero también se requiere romper con el silencio que amplifica al espectro de las adicciones y sus vertientes. Para ello, el país necesita un diálogo nacional encauzado por la tolerancia y el perdón.
León Castellanos-Jankiewicz (@leoncastjan) es investigador y docente en el Instituto Asser para el Derecho Internacional y Europeo, La Haya, Países Bajos. Es Doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza.
