Fecha Publicación: 07-08-2020
Muy positiva fue la cobertura de prensa al nombramiento de la mexicana Elisa de Anda Madrazo como vicepresidenta para el periodo 2020-2021 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a principios de julio de 2020. Más allá del importante papel que pueda realizar, de la mano del alemán Marcus Pleyer, es una buena noticia el interés que la sociedad le dé al trabajo del GAFI.
Creado en 1989 y con sede en París, el GAFI es uno de los organismos emisores de estándares más importantes a nivel internacional, enfocando su trabajo en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Dada la amplitud de su misión, la participación en este foro internacional por parte de México involucra tanto a las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Fiscalía General de la República.
Durante años, el trabajo del GAFI se ha ido ampliando en cuanto a sus tareas, pues ya no solo es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo el objeto de su trabajo, sino que se han añadido fenómenos como la prevención y la lucha contra el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, al tiempo que también da seguimiento a las nuevas rutas de los flujos monetarios ilícitos, producto de la evolución misma de los sistemas financieros.
Al igual que actúan otros organismos emisores de estándares, su trabajo no se basa en el cumplimiento de acuerdos amparados bajo el Derecho Internacional, sino en el cumplimiento a estándares de carácter voluntario, sujetos a la evaluación de sus miembros, siendo a final de cuentas el carácter reputacional que generan las evaluaciones, el principal incentivo para su seguimiento, que a simple vista parece insuficiente para el combate a los delitos que por su naturaleza son trasnacionales. En el caso de México, si bien ha sido evaluado de forma positiva en el pasado, reiteradamente se ha señalado lo limitado de los resultados, pues tan solo una mínima parte de las investigaciones llega a convertirse en denuncia y mucho menor es el número que reciben sentencia.
El principal reto que enfrenta la tarea de eliminar el lavado de dinero va de la mano con la existencia de paraísos fiscales.
Quizá más que las dificultades del proceso de rastrear los flujos ilícitos, el principal reto que enfrenta la tarea de eliminar el lavado de dinero va de la mano con la existencia de paraísos fiscales, aunque nominalmente independientes y apegadas a los estándares, jurisdicciones como las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza o Delaware, en Estados Unidos, tienen una reputación bastante conocida para enmascarar dichos flujos y su condición es solapada por los países desarrollados.
Para la agenda 2020-2022, la presidencia del GAFI se ha planteado enfocar los esfuerzos en cinco vertientes: 1) afrontar los retos que los desarrollos tecnológicos ofrecen a la actividad ilícita mediante herramientas digitales; 2)indagar los circuitos financieros del financiamiento del terrorismo guiado por motivos étnicos o raciales; 3) atacar los flujos financieros vinculados a las redes de tráfico de migrantes a nivel internacional; 4) prevenir del comercio ilegal de vida silvestre así como otros delitos medioambientales relacionados con el lavado de dinero, y 5) fortalecer la comprensión de los vínculos entre el tráfico de armas y el financiamiento al terrorismo.
Como país en desarrollo, megadiverso y bajo los impactos del narcotráfico, gran parte de la agenda del GAFI nos atañe, aprovechando el involucramiento de De Anda Madrazo, sería favorable que tanto el gobierno como los actores económicos sumen esfuerzos para empujar un combate real a dichos delitos, al tiempo que se presiona por mantener el piso parejo en la fiscalización trasnacional.
