Fecha Publicación: 18-09-2020
Si le comentaran los problemas financieros internacionales de 2020 a un economista distraído –una crisis económica internacional y Argentina lidiando con el canje de su deuda externa–, nos diría que le estamos narrando el escenario de 2009-2010. El 4 de agosto de 2020, al parecer llegó a su fin el último capítulo de la eterna restructuración de deudas de Argentina. Lo interesante de esta película es que el país no solo ha buscado regresar a los buenos términos con los mercados, sino que su situación ha sido el campo de pruebas del rediseño del marco de resolución de deudas.
Partiendo de la negativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de dejarse chantajear por tenedores de deuda minoritarios que compraron los bonos con el fin de exigir su pago al 100% en 2001, se llegó a una disputa en los tribunales de Manhattan. Ahí, la determinación del juez federal Thomas Griesa fue a favor de los tenedores de la deuda, bajo una interpretación polémica de una cláusula llamada pari-passu, que llevaría el asunto de las restructuraciones a terreno desconocido jurídicamente.
Ahora, como antes, se supone imposible la quiebra del Estado y se obliga a la renegociación, a riesgo de limitar la capacidad de endeudamiento del soberano. La solución pragmática desde hace pocos años ha sido el establecer en los contratos las condiciones bajo las que se llevarían a cabo los acuerdos de restructuración en caso de incumplimiento de los pagos. Estas condiciones son las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), en las que se obliga a la totalidad de los acreedores a aceptar las condiciones de la restructuración aprobadas por la mayoría.
Ante las circunstancias por la pandemia de covid-19, muchos países en desarrollo podrían estar en la ruta de recorrer el camino trazado por Argentina, y no necesariamente con la misma suerte.
Pero como el diablo está en los detalles, los contratos tienen muchos espacios que llenar, y como los problemas de pago de deuda soberana no son cosa de todos los días, ahí es donde entra de nuevo involuntariamente Argentina y su noveno incumplimiento de pagos. Se ha convertido, entonces, en el conejillo de indias al que le toca recorrer la ruta práctica de las CAC.
Hoy, en primer lugar, hay que señalar que las CAC han cumplido su objetivo: no hay oportunidad para los fondos buitre para demandar el pago completo ante una mayoría del 85% de acreedores que aceptarán la restructuración. En segundo lugar, se presenta un nuevo escenario problemático: ¿cómo lograr que acepten esos 85% de los acreedores cuando Blackrock, el mayor administrador de fondos del mundo, está en la mesa de negociación? El proceso ha sido arduo, pero finalmente un acuerdo ha sido alcanzado y el camino recorrido dejó como lección que no todo está dicho sobre el marco de restructuraciones. Blackrock y el grupo de acreedores llegaron a condicionar el acuerdo a que los nuevos contratos tuvieran CACs menos favorables a la restructuración. Si bien en esta ocasión sus argumentos tenían consideraciones racionales, como la conformación de mayorías a modo por parte del deudor, la posición de los acreedores podría haber sido más dura.
Por último, ¿no es un problema igualmente complicado tener a los grandes gestores de fondos, como Blackrock, Vangard o Fidelity, en la mesa de negociación que enfrentar a los fondos buitre? Incluso, si no tienen una participación mayoritaria en los bonos, su presencia en la mesa de negociación es altamente influyente. Ante las circunstancias en progreso de una severa baja en la actividad económica producto de la pandemia de covid-19, muchos países en desarrollo podrían estar en la ruta de recorrer el camino trazado por Argentina, y no necesariamente con la misma suerte.
