Fecha Publicación: 01-02-2024

En Latinoamérica, la regionalización de las políticas de seguridad ha resurgido como un tema central tras la iniciativa del presidente Nayib Bukele en El Salvador, conocida como el “modelo Bukele”. Esta iniciativa consiste en una estrategia de mano dura contra las pandillas, implementada mediante un régimen de excepción y reformas penales contundentes, que buscan desmantelar las estructuras criminales por medio de detenciones masivas sin orden judicial y la extensión del tiempo de detención administrativa.

Este modelo ha provocado un cambio en la retórica política de varios países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú), donde líderes políticos y medios de comunicación están considerando políticas de seguridad similares. A pesar de que la implementación de tales políticas todavía no se ha materializado en estos lugares, el simple hecho de que se esté debatiendo altera la conversación pública sobre temas de seguridad, migración y cohesión social.

El contexto latinoamericano

Los países latinoamericanos comparten desafíos similares en seguridad: pandillas violentas, narcotráfico, tasas alarmantes de homicidios y motines carcelarios, que reflejan problemas profundos de gobernabilidad y orden público. Aunado a esto, la inestabilidad política y la infiltración del crimen organizado en los órdenes de gobierno han llevado al deterioro de la seguridad pública en la región.

El cada vez más creciente poder político y económico de los cárteles ha dejado atrás la idea del crimen organizado local, siendo ahora una red con vínculos internacionales. Como respuesta, hay un mayor interés por parte de los gobiernos en endurecer sus políticas de seguridad y migrar a un modelo como el visto en El Salvador, que, como medida populista, parece ser un gran aliciente. Sin embargo, aunque algunos políticos consideran el modelo de Bukele atractivo, la realidad es que las condiciones de seguridad y los tipos de criminalidad en la mayoría de estos países son distintos de los de El Salvador. El riesgo de adoptar este modelo es que pueda desviar la atención de las necesidades específicas de cada país y contribuir a un desgaste del respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos.

El modelo Bukele en diferentes contextos

Hay un descontento creciente en Latinoamérica con el estado actual de la democracia y del sistema de partidos, y un aumento en la indiferencia ciudadana hacia el tipo de régimen político. Esto crea condiciones propicias para el crecimiento del populismo y el autoritarismo, algo que podría verse exacerbado por la adopción de discursos y políticas de mano dura, como las de Bukele.

En países como Ecuador, Haití, Honduras y Jamaica, que enfrentan serios retrocesos en materia de seguridad, el “bukelismo” ha emergido como una supuesta panacea. Honduras y Jamaica han lidiado con desafíos similares a los de El Salvador y sus gobiernos han intentado, sin mucho éxito, políticas de seguridad al estilo Bukele, afrontando el dilema de cómo incrementar la seguridad sin socavar las bases del Estado de derecho.

Ecuador, por ejemplo, enfrenta una crisis de seguridad que ha llevado al gobierno de Daniel Noboa a contemplar tácticas que, en primera instancia, se asemejan a las de El Salvador. La construcción de cárceles de alta seguridad, clasificación de bandas como terroristas y la retirada de ciertas libertades en caso de emergencia, son indicativas de un enfoque más rígido en seguridad, que se alinea con el modelo, con la importante diferencia de que en Ecuador se están utilizando medios constitucionales. No obstante, la situación de Ecuador resulta ser sumamente sensible y su problema de seguridad va más allá de pandillas de crimen organizado locales. El país ha sido escenario para la expansión de otro modelo, el de los cárteles de la droga mexicanos. El conflicto de seguridad actual de Ecuador no se entiende sin la participación y la rivalidad del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes encontraron una ruta de comercio tanto de cocaína como de fentanilo en el país sudamericano.

Perú y Colombia, por otro lado, han contemplado la adopción de un enfoque similar para combatir sus propios problemas de seguridad. Perú actualmente busca abordar una inseguridad rampante que afecta a un alto porcentaje de su población por medio de la legislación y estrategias de seguridad. Colombia, igualmente, quiere reforzar el control en sus principales ciudades ante la amenaza constante de delincuencia y el auge de los cárteles de la mano del comercio de fentanilo.

También, la situación en Costa Rica, tradicionalmente menos violenta, ha cambiado dramáticamente con un récord de homicidios en 2023. Frente a tales cifras, figuras de gobierno y legisladores costarricenses han sugerido que el modelo Bukele podría ser una solución viable para enfrentar la inseguridad, señalando una posible expansión regional de este enfoque.

Potenciales beneficios y riesgos del modelo

Es innegable que la política de seguridad de Bukele ha demostrado efectividad en la reducción inmediata de la violencia en El Salvador, ganando popularidad entre los ciudadanos que buscan paz y estabilidad. No obstante, las preocupaciones sobre los derechos humanos y las garantías democráticas persisten. La detención de más de 60 000 personas y las condiciones en las que se encuentran son motivos de alerta internacional y requieren que cualquier aplicación del modelo tenga en cuenta el equilibrio necesario entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.

Más allá de la discusión sobre la estrategia de seguridad, que puede ser inaplicable en otros contextos, el riesgo real es la copia del discurso público de Bukele. Su retórica puede subestimar los daños constitucionales y los riesgos para los derechos y las libertades que han resultado de sus políticas en El Salvador, lo que amenaza con agravar el deterioro de la democracia en Latinoamérica.

En el esfuerzo por definir una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos para la región, es vital recordar que las soluciones duraderas requieren de un enfoque equilibrado y adaptativo, diseñado a enfrentar no solo las manifestaciones, sino también las causas del crimen y la violencia. El modelo Bukele puede ofrecer lecciones, pero no debe ser un molde en el que otros países simplemente aspiren a encajar.

SANTIAGO TARACENA es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle. Es consultor de asuntos públicos en Prospectiva Public Affairs Latam y asociado del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJ Comexi). Sígalo en X en @santi_taracena.

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