Fecha Publicación: 01-07-2020
El Sol de México
El 1º de julio entró en vigor el famoso acuerdo comercial conocido como T-Mec. Con bombos y platillos el gobierno de AMLO está promoviendo el Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos. El acuerdo está lejos de ser un mágico remedio para salvarnos de la hecatombe económica derivada de la pandemia por Covid-19.
El T-MEC no es un acuerdo nuevo, es un “TLCAN-plus.” Gracias a la grandiosa iniciativa del Presidente Donald Trump hoy tenemos vigente el T-Mec: “El mejor acuerdo comercial que los Estados Unidos hayan negociado” dijo alguna vez el mandatario estadounidense (el peor fue el TLCAN según Trump).
Sin duda, el T-MEC es un acuerdo comercial de “nueva generación” que incorpora novedosas disciplinas no incluidas en el viejo TLCAN. Se compone de 34 capítulos y 16 cartas paralelas que establecen, a grandes rasgos: (i) nuevas y complejas reglas de origen (ROO en inglés) para el comercio automotriz en la región de Norteamérica; (ii) estrictos compromisos para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y el comercio digital; (iii) un sistema de solución de controversias estado-inversionista (ISDS por sus siglas en inglés) para dirimir disputas entre Estados Unidos y México; y (iv) un novedoso “mecanismo laboral de respuesta rápida” (RRLM por sus siglas en inglés) para dirimir disputas laborales cuando haya presuntas violaciones al derecho de libre asociación y negociación colectiva.
Aún cuando las armadoras mexicanas tendrán un período de ajuste de casi tres años para incorporar las ROO en su totalidad, éstas son extremadamente complejas. Un ejemplo es la regla de que el 70 por ciento del acero y el aluminio usados en la fabricación de vehículos ligeros sea originario de Norteamérica y este acero sea fundido en la región, lo cual pondrá trabas al uso de estos dos insumos provenientes de terceros países.
Ni hablar del requisito, a implementarse en forma escalonada, que compromete a México a garantizar que el 40-45 por ciento del contenido de los automóviles sea incorporado por trabajadores que ganan por lo menos 16 dólares la hora.
El T-MEC obliga a México a actualizar, así como dar cumplimiento, a su legislación en materia de comercio digital y propiedad intelectual. México está obligado a combatir la piratería y el contrabando, proteger los derechos de propiedad en la industria farmacéutica y eliminar prácticas elusivas en medidas de protección tecnológica. De forma inédita, el acuerdo establece disciplinas en el flujo de datos transfronterizos y elimina barreras a las regulaciones de patentes.
El gobierno de México tendrá dos grandes dolores de cabeza con los mecanismos para dirimir disputas en materia de inversión y laboral.
El ISDS, que sólo aplica para disputas entre México y Estados Unidos, abarca -en principio- cinco sectores estratégicos: petrolero, gas natural, electricidad, infraestructura y telecomunicaciones. Ojo aquí cuando tenemos un gobierno que no se ha caracterizado por respetar las reglas del juego e introduce cambios sorpresivos a contratos existentes en materia de inversión.
El RRLM permite a México, Estados Unidos o Canadá solicitar el establecimiento de un panel laboral cuando a los trabajadores se les niegue el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva. Este mecanismo fue creado con dedicatoria para México (no aplica para disputas entre Estados Unidos y Canadá). No deberá sorprender que Estados Unidos utilice este mecanismo para verificar el cumplimiento de México en sus obligaciones laborales asap.
Un dato importante. La Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos (USITC en sus siglas en inglés) pronosticó en un estudio publicado en abril de 2019 que el T-Mec tendría un impacto moderado de 3.8% en el crecimiento de las exportaciones mexicanas a EUA, alrededor de 12 mil millones de dólares.
Ojo que el impacto minúsculo al motor exportador será contrarrestado en su totalidad por la brutal contracción económica resultado de la pandemia.
Ahí tiene AMLO su panacea.
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