Fecha Publicación: 10-09-2020
El Sol de México
La comunidad mexicana en Estados Unidos ha sido una prioridad para México. Sucesivas administraciones han invertido importantes recursos políticos, humanos y económicos a lo largo de los años para defender sus derechos, proteger y promover sus intereses y contribuir a su bienestar, con pleno respeto a la soberanía y al orden legal de Estados Unidos.
La población de origen mexicano en EU –incluyendo migrantes y sus descendientes– supera los 37 millones. Dentro de ese universo, según estimaciones del Centro de Investigación Pew, poco menos de cinco millones de mexicanos viven en aquel país sin documentación que avale su estancia.
El imperativo moral de apoyar a nuestros connacionales en EU –y en todo el mundo– se deriva de los lazos familiares y culturales que nos unen, así como de la gratitud de las comunidades en México que se benefician de las remesas enviadas regularmente por mexicanos para apoyar a sus familiares. Se trata, especialmente, de una responsabilidad política: el deber de proteger a quienes comparten la nacionalidad mexicana y gozan de los derechos que reconoce nuestra Constitución.
Uno de los episodios más importantes en esta historia de acompañamiento y asistencia a nuestros connacionales en el exterior se ha desarrollado en los últimos años, desde que el Presidente Barack Obama emitiera un decreto destinado a proteger a jóvenes que arribaron a EU de manera irregular durante su niñez –es decir, que no son responsables de la forma en que entraron a territorio estadounidense– y cuya vida se desarrolló en ese país.
En un acto de justicia y de valentía política, el Presidente Obama emitió una orden ejecutiva a mediados de 2012 que, bajo ciertas condiciones, concedió a esos jóvenes la posibilidad de permanecer en Estados Unidos por un período de dos años, con posibilidad de renovaciones sucesivas. Esa decisión mitigaba el riesgo de deportación y les ofrecía la posibilidad de estudiar y trabajar en EU.
México se convirtió muy pronto en el país con mayor número de beneficiados por este programa, con un total de 1 millón 240 mil casos aprobados hasta el año 2017, en el que la administración del Presidente Trump decidió suspenderlo. En su primer año de vigencia, más de 500,000 mexicanos se acogió a ese programa, con una tasa de aprobación del 72%.
Ese y otros logros en la incorporación de mexicanos al programa fueron resultado de un arduo trabajo. Desde mediados de 2012 hasta 2015, los 50 consulados de México en EU realizaron más de siete mil encuentros informativos (seis diarios, en promedio), con el apoyo generoso de organizaciones pro inmigrantes, escuelas y facultades de derecho, organizaciones religiosas y despachos de abogados.
En 2017, el Presidente Trump ordenó suspender ese programa, deteniendo la incorporación de nuevos solicitantes y limitando las posibilidades de renovación para quienes ya formaban parte de él. Tras una serie de recursos legales interpuestos ante los tribunales estadounidenses, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió recientemente una decisión que declara ilegal la forma en que el programa fue suspendido.
La decisión no constituye una victoria definitiva para los jóvenes de origen extranjero cuyo sueño de permanecer en aquel país fue promovido por la administración del Presidente Obama. Ahora, en campaña, es posible que el Presidente Trump opte por buscar acercamientos y tender puentes con la comunidad de origen latinoamericano. Según una encuesta realizada por POLITICO/Morning Consult en junio pasado, la mayoría de los electores respalda la causa de esos jóvenes, conocidos como Dreamers. Ello incluye a republicanos, conservadores y, de manera por demás elocuente, a 69% de quienes afirman haber votado por Trump en 2016.
Considero importante hacer este recuento por tres motivos. Primero, porque vale la pena destacar el esfuerzo institucional desarrollado por gobiernos mexicanos de distinta ideología de proteger a los mexicanos, dondequiera que se encuentren. Segundo, porque debemos reconocer la labor profesional y comprometida realizada por el Servicio Exterior Mexicano, cuyo esfuerzo hizo posible dar orientación jurídica a los potenciales beneficiarios y realizar numerosas acciones para evitar abusos y fraudes contra ellos. Y, tercero, porque es indispensable reconocer el valor de invertir en la provisión de los servicios que provee el Estado, de contar con cuadros profesionales para realizarlos y de dotar a la administración pública de los recursos indispensables para que puedan cumplir con las tareas que se les encomienda.
Esos tres puntos pueden resumirse en uno: el reconocimiento del valor de las instituciones.
En una sociedad plural, como la nuestra, prevalece un consenso respecto de la importancia de apoyar a nuestros connacionales en el exterior. Es algo que debemos celebrar y que, acaso, pueda servir de guía para construir entendimientos en otros ámbitos, como el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la necesidad de proveer a los cuadros técnicos y profesionales que las conforman el apoyo indispensable para cumplir con las responsabilidades que la sociedad les ha confiado.
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