Fecha Publicación: 09-02-2022
En 1949 fue creado el Partido Comunista Chino (PCC); desde entonces los musulmanes de la etnia Uigur, ubicados en regiones del noroeste en China, han sufrido de prohibiciones para celebrar sus prácticas religiosas. En 1990, fueron categorizados como terroristas. En 2017, a raíz de la aprobación de la normativa china anti-radicalización, se intensificaron los esfuerzos en contra de sus libertades para vigilarlos, perseguirlos y adoctrinarlos. El PCC ha encerrado a un aproximado de un millón de Uigures y otras minorías étnicas en 400 campos de concentración en los últimos cinco años.
Para ser considerado radical basta con mostrar la afiliación religiosa al islam. Es decir, se arrestan personas solo por su barba larga, rezar en público o cubrirse la cabeza. Se sospecha que los detenidos son sometidos a trabajos forzados y esterilización, con el objetivo de “des-radicalizarlos”. Esto representa la mayor detención en contra de una minoría religiosa desde la Segunda Guerra Mundial y por eso, es motivo actual de polémica e indignación internacional. Los apresados no cuentan con ningún tipo de derecho y aquellos que se resisten a “transformarse”, por ejemplo, no participando en la lectura de discursos del PCC o en repetir cánticos políticos, son castigados con aislamiento sin comida y tortura; 3 de cada 100 detenidos mueren.
El viernes 4 de febrero, el presidente chino Xi Jinping inauguró los catorceavos Juegos Olímpicos de invierno en el Estadio nacional de Pekín. Irónicamente, la esquiadora Uigur Dinigeer Yilamujiang, fue elegida para encender el pebetero principal. La celebración de las olimpiadas en Beijing minimiza y normaliza los actos en contra de derechos humanos cometidos por el PCC.
De acuerdo con el estudio de Naciones Unidas “marco de análisis para crímenes atroces”, publicado en 2014, se cataloga como genocidio los crímenes contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Con base en esta definición y a partir de los reportajes, evidencias y documentos presentados por múltiples organizaciones internacionales, China podría ser culpable de genocidio.
Así, EUA estableció un boicot diplomático coordinado en el que se sumaron diversos países que incluyen a Reino Unido, Japón, Alemania, Lituania, Kosovo, Australia y Canadá; enviando a sus atletas a competir, pero sin la representación de ningún funcionario por parte de los gobiernos. Estos boicots ya se han realizado anteriormente (1976, 1980, 1984, 2014), sin efectos de consideración en términos de política exterior.
El gobierno chino ha negado ser genocida, expresando que sus “centros de formación o reeducación”, como ellos le llaman, únicamente sirven para reducir el extremismo, detener o prevenir actividades terroristas, “transformándoles el pensamiento”. Por lo tanto, con base en el argumento de seguridad nacional, China pretende justificar la aguda acusación estadounidense de estar llevando a cabo un genocidio contra los uigures, ubicados en la región de Xinjiang.
Aunado a esto, la directora de Human Rights Watch de China manifestó en días pasados, que fue contactada por varios atletas debido a que no parecen existir las condiciones para ejercer su derecho humano de libre expresión. Los atletas temen expresarse en conferencias de prensa o compartir comunicados respecto a temas sensibles o políticos. El PCC ha establecido que, los atletas serán responsables de lo que digan, y serán sometidos en todo momento a las reglas de las olimpiadas y a la ley del gobierno chino; enfatizaron advertencias a los atletas para que tengan cuidado de lo que puedan llegar a declarar porque se enfrentarían al sistema judicial chino.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres se reunió el 5 de febrero con el presidente chino Xi Jinping. Acordaron que, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, realizaría una visita oficial a la región en cuestión. Se espera que, una vez que culminen de los juegos olímpicos, la ONU publique el reporte sobre derechos humanos en Xinjiang.
Si usted quiere informarse más acerca de la situación en Xinjiang, le sugiero revisar: Como si fuéramos el enemigo en una guerra: internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Xinjiang; documento emitido en 2021, por Amnistía Internacional.
MAURICIO FORZÁN GUERRERO es asociado del COMEXI, politólogo por la Universidad Iberoamericana, maestro en derechos humanos por el ITAM y maestro en gestión pública por la Universidad de Georgetown. En 2018, fue galardonado con el premio de la juventud en derechos humanos por el gobierno de la Ciudad de México. En 2022, fue elegido delegado ponente para el Foro Mundial de Paz de Dubái. Cuenta con 12 años de experiencia laboral en los sectores privado y público. Actualmente, es presidente del Consejo Ejecutivo en The World Peace Builders Foundation y presidente de la Red exITAM en Washington DC.
@MauricioForzan | mf1303@georgetown.edu
