Fecha Publicación: 24-03-2023

El gobierno de Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido (RU) e hijo de inmigrantes, presentó el pasado 7 de marzo el proyecto de Ley de Migración Ilegal ante la Cámara de los Comunes (Cámara baja), cuyo objetivo es “prevenir y disuadir la migración ilegal, y en particular la rutas inseguras e ilegales, al exigir la expulsión del Reino Unido de ciertas personas que ingresan o llegan al Reino Unido violando el control de inmigración”.

Este proyecto, de ser aprobado, deja en estado de indefensión a los solicitantes de asilo, ya que permite la deportación expedita a su país de origen (si ese país se encuentra dentro los países seguros) y, si no fuera el caso, serán deportados a terceros países seguros y entre esos se incluye, por ejemplo, a Rwanda, debido a que Boris Johnson (otrora primer ministro) firmó un acuerdo con ese país (conocido como Operación Rwanda) con el fin de enviar a los solicitantes de asilo que llegan al RU de forma irregular. El acuerdo cuenta con 120 millones de libras (144 millones de euros).

Hay que recordar que el endurecimiento de la política migratoria se agudizó en la campaña del brexit (la salida del RU de la Unión Europea) y esa fue precisamente la bandera de Johnson y una de las razones por las que el pueblo británico votó a favor de dejar la Unión Europea. Siguiendo con el acuerdo con Rwanda, en un comunicado del pasado 19 de marzo, la ministra del Interior británica Suella Braverman, también hija de inmigrantes, anunció:

“Hoy hemos firmado una adenda a la Asociación de Migración y Desarrollo Económico, que ampliará la prestación de apoyo a las personas que sean reubicadas en Rwanda” y señaló que “el Reino Unido está invirtiendo en la capacidad de Rwanda para ofrecer mejores oportunidades para los migrantes y para los rwandeses también”.

El proyecto de ley de Sunak viola a todas luces la Convención de Refugiados de 1951 que establece que los países deben brindarles protección a los refugiados, así como asegurarles sus derechos y libertades. Este proyecto también fue criticado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya que señala que, de aprobarse esta ley, “equivaldría a una prohibición de asilo”. Esta ley permitirá “la detención sin libertad condicional por 28 días y la deportación inmediata de los migrantes, sin que medie juicio alguno, con excepción de menores de edad y enfermos”.

Tanto Sunak como Braverman aseguran que hay mucha inmigración y que deben detener esto. Lo que llama la atención es que ambos son hijos de inmigrantes y deciden impedir que otros como ellos puedan acceder al asilo. Por su parte, Yvette Cooper del Partido Laborista advierte que “la ley no detendrá el tráfico de personas; por el contrario, aumentará los riesgos para las personas, así como la esclavitud moderna”.

Por su parte, Theresa May, antigua primera ministra británica del Partido Conservador, señaló que “cuando se cierra una ruta para los migrantes, tanto ellos como los traficantes encuentran otra”. En este orden de ideas, las personas que lleguen en barcazas al RU vía el Canal de la Mancha no podrán solicitar asilo, aunque provengan de regiones como Siria, Afganistán, Eritrea, Iraq o Irán, que en su mayoría tendrían el derecho de solicitar asilo, ya que con la nueva ley serán deportados a su país de origen o a un tercer país seguro como Rwanda. ¿Será que Sunak ya está en campaña para las próximas elecciones?

*Alicia Gutiérrez González es doctora en Derecho Internacional, Europeo, Económico y Ambiental por la Georg August Universität. Es investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México, y miembro de la UER Europa+ de COMEXI y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel II.

Participación en El Economista