Fecha Publicación: 03-02-2023
De acuerdo con gunviolencearchive.org, organización que recopila información sobre incidentes de violencia armada, en Estados Unidos se han registrado 50 tiroteos al 30 de enero de 2023, mismos que han dejado un saldo de 85 personas muertas. Tan solo en el estado de California tuvieron lugar 3 tiroteos en los que murieron 20 personas, entre estas al menos dos de nacionalidad mexicana, todo esto en un lapso de 44 horas.
Estados Unidos registra un promedio de 2 tiroteos (incidentes en los que 4 o más personas son heridas o asesinadas) por día. De acuerdo con información del Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC), en 2020 más de 45 mil personas murieron por heridas relacionadas con armas en Estados Unidos, lo que se traduce en que 8 de cada 10 asesinatos en dicho país involucraron armas.
Mucho se ha investigado y escrito para tratar de explicar la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, el país desarrollado con más homicidios con armas en el mundo. Una de las explicaciones más comunes es la enorme disponibilidad de armas y, particularmente, la facilidad con la que éstas pueden ser adquiridas legalmente en tiendas y “tianguis” en los que prácticamente no se requiere más que pagar el precio establecido. También se ha señalado el papel de la poderosa industria armamentista estadounidense y su vinculación con el Congreso.
No es un secreto que, después de cada tiroteo, diversos legisladores se presentan ante los medios para condenar estos terribles actos y prometer el establecimiento de regulaciones que hagan más difícil que personas no aptas adquieran las armas que posibilitan estos ataques. La historia cambia en los congresos locales y federal, en dónde leyes denominadas “de sentido común” (como fortalecer y generalizar la revisión de antecedentes penales antes de permitir la venta de armas) son bloqueadas por legisladores, algunos de ellos abiertamente financiados por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Este tipo de violencia no solo está afectando a ciudadanos estadounidenses, sino que tiene un profundo impacto más allá de las fronteras de ese país. De acuerdo con la demanda presentada el año pasado por México ante una corte federal distrito en Massachusetts, siete de cada diez armas utilizadas por la delincuencia organizada en México provienen de los Estados Unidos. Para la fortuna de la industria armamentista, en 2005 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), legislación federal que otorga una amplia inmunidad para fabricantes, vendedores e importadores de armas de fuego, municiones y sus componentes.
A pesar de esto, el Estado mexicano debe seguir explorando mecanismos (como la demanda interpuesta en Arizona) para reducir el tráfico de armas estadounidenses que fluyen hacia nuestro país, nutriendo las poderosas estructuras de la delincuencia organizada. La cooperación bilateral juega un papel muy relevante en esta misión, considerando que ambos países buscan atacar a un enemigo común que, si bien los afecta de diversas maneras, está causando enormes daños en ambos lados de la frontera.
*Rodolfo Padilla-Torres. Integrante de la Unidad de Estudio del COMEXI sobre cumplimiento de la ley, cooperación en seguridad y delincuencia organizada transnacional. Asociado COMEXI. Especialista en Inteligencia para la Seguridad Nacional (INAP). Maestro en Corrupción (University of Sussex) y Prospectiva Estratégica (Tec de Monterrey). Internacionalista (UNAM). Chevening Alumni.
Twitter: @Rodolfo_Padilla
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