Fecha Publicación: 11-05-2022
En los últimos años, los derechos de las mujeres se han mantenido en un fino balance entre la conquista y el retroceso. Si bien los procesos de democratización después de la Segunda Guerra Mundial lograron romper con un sinfín de barreras en ámbitos como el laboral o el político, ejemplos como el más reciente intento de revertir la decisión del caso Roe v. Wade por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos evidencia cómo los avances logrados no están escritos en piedra.
El hecho de que la tentativa de suprimir el derecho a la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos haya llegado hasta el máximo tribunal de impartición de justicia no es ninguna sorpresa. Durante años, el activismo conservador ha mantenido esfuerzos en ese tenor principalmente a nivel estatal. Más allá de los efectos evidentes, este suceso propicia una reflexión importante sobre las tensiones entre las instituciones democráticas y la garantía de los derechos humanos.
El argumento central del borrador filtrado radica en que la Constitución no hace una referencia explícita al aborto, por lo que ningún derecho de este tipo está protegido por la carta magna. Por ende, se aboga que éste no puede ser considerado un derecho fundamental y, por ello, su validez tendría que ser decidida por el poder legislativo de cada estado.
Este argumento es problemático en varios sentidos. Por un lado, como bien han sustentado distintas activistas y expertas jurídicas, la interrupción legal del embarazo, así como una serie de libertades civiles, se encuentran amparadas implícitamente por la Enmienda 14. El mayor peligro de emplear este razonamiento es a cuántos ámbitos se puede replicar con el fin de menoscabar derechos que se encuentran amparados por la libertad personal como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación familiar o las uniones interraciales. Sin el derecho a decidir protegido constitucionalmente, resulta imposible hablar de una sociedad genuinamente libre y democrática.
Por su parte, la implicación más grave de dejar esta decisión en las manos de “los representantes electos del pueblo” como propone el juez federal Samuel Alito, recae en abrir la puerta a una mayor intervención gubernamental en la esfera privada de las personas. En este caso particular, pese a que el mayor foco de atención está en el acceso al aborto, las restricciones que emanen de esta decisión tendrían un impacto también en cuestiones como la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos.
Es decir, la libertad de las mujeres de decidir sobre su vida sexual y reproductiva quedaría limitada por cómo determinado estado concibe el deber ser en este aspecto, corriendo el riesgo de que los representantes decidan en contra de la voluntad popular o no apelen a la protección más amplia de la persona. En un momento en donde los autoritarismos han ido al alza a nivel mundial, asusta pensar que los derechos alcanzados por la lucha feminista pasen a depender de la percepción sobre género, moral y religión de la mayoría legislativa en turno o de una corte sesgada.
Así mismo, no debe dejarse de lado la frágil posición en la que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo a una encuesta realizada por C-SPAN en marzo, menos del 40 por ciento de estadounidenses creen que la corte es apartidista. Si se traslada el argumento empleado de la voluntad popular al poder judicial, tres de los actuales jueces de la corte fueron nombrados por presidentes electos sin la mayoría del voto popular. En un país en donde además el 70 por ciento de la población está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, resulta difícil encontrar un atisbo de legitimidad e imparcialidad en la propuesta.
Ante un resultado que parece inevitable, la salida más viable recae en el Senado. A través de la iniciativa de Ley de Protección de la Salud de la Mujer la cual será discutida esta semana, podría garantizarse la prohibición a las restricciones gubernamentales en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. Sin embargo, la bancada demócrata necesitaría una mayoría calificada tanto para finalizar el debate sobre la legislación como para aprobar el proyecto en una votación final. Este escenario se complejiza si se considera que el proyecto no recibió el apoyo del caucus demócrata cuando fue presentado en la Cámara de Representantes en febrero, además de que las prioridades de las y los congresistas estarán ampliamente determinadas por el ciclo electoral que atraviesa el país.
En este panorama, todo apunta a que la agenda por venir recaerá en gran medida en el activismo feminista. Como muestran los avances alcanzados por la Marea Verde en América Latina, la voz de las mujeres en favor de su propia autonomía y libertad tiene un peso innegable. Pese a las distintas posturas que enriquecen al movimiento, hay una convergencia irrefutable: la pérdida de un derecho constitucional que ha sido garantizado por medio siglo es un costo demasiado alto para todas.
*Raquel López-Portillo Maltos es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
Participación en El Sol de México
