Fecha Publicación: 08-10-2025
Mucho se habla del fin de la era democrática en el país. Sin embargo, poco se comenta sobre el serio debilitamiento del Estado mexicano en los periodos morenistas. Es este último punto el que más nos debería de preocupar, inclusive, por encima de la clausura democrática.
Resulta contraintuitivo que el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum estén llevando a cabo políticas cuyo efecto sea el debilitamiento del Estado mexicano: ¿no es precisamente el aparato gubernamental esencial para llevar a cabo su proyecto de país? El gran problema radica en el temperamento de los mandatarios, y en la naturaleza de sus reformas políticas. Como declararía el fallecido politólogo Samuel P. Huntington: “La institucionalización del poder implica limitar el poder que el líder carismático podría ejercer de forma personal y arbitraria… La autoridad institucional es lo opuesto a la autoridad carismática, y los líderes carismáticos se autodestruyen si intentan crear instituciones estables de orden público.” Es decir, el temperamento carismático del liderazgo lópezobradorista, así como la naturaleza autocrática de las reformas actuales, van de la mano, y son antagónicas a la construcción de burocracias, instituciones y, finalmente, un Estado fuerte.
Hay innumerables ejemplos en ese sentido. En la administración pública federal, hemos visto la politización de la Cancillería –donde 12 de las 30 embajadas en países de la OCDE son nombramientos políticos– y recortes importantes en la secretaría de Economía –donde se redujo a la mitad el equipo negociador comercial–. En los organismos constitucionales autónomos, se desaparecieron las capacidades construidas de la COFECE, el IFETEL, el INEE y el INAI; la CNDH es un elefante blanco; y viene una reforma electoral que acabará con el INE y su Servicio Profesional Electoral. El Banco de México se ha salvado con un importante “pero”: la mayoría de los subgobernadores no tienen carrera en la institución –antes era lo contrario–, lo que ha socavado a sus cuadros ante el desincentivo que significa que los más altos puestos en la institución sean nombramientos externos. Y, a todo lo anterior, hay que agregar lo sucedido con todo un poder de la Unión, el Poder Judicial, y la creciente militarización del aparato estatal en detrimento de funcionarios públicos civiles.
La importante caída en las capacidades del Estado mexicano –que, además, nunca han sido considerables– ha traído consecuencias cada vez más evidentes. Hemos visto protestas en algunos consulados ante la falta de pago, y el papel de muchos embajadores ha sido irrelevante (¿dónde está Esteban Moctezuma en una coyuntura tan crítica frente a Estados Unidos?). En medio de la revisión/renegociación del TMEC, se pone en duda la capacidad negociadora del país ante el reducido equipo negociador mexicano. De acuerdo a Transparencia Internacional (TI), tenemos los peores niveles de corrupción en -al menos- los últimos treinta años. Si se lleva a cabo la elección de consejeros del INE, se acabará con la legitimidad de las elecciones, con consecuencias sumamente perjudiciales. Y, ante la inevitable incertidumbre jurídica, se antoja difícil que la inversión privada se recupere, y que despunte el crecimiento económico.
El Estado mexicano pierde capacidades de manera acelerada. Lo podemos ver en presupuestos raquíticos, cooptación institucional y, finalmente, destrucción institucional. Tarde o temprano, estas políticas inevitablemente vienen acompañadas de ingobernabilidad.
