Fecha Publicación: 06-10-2025
Gobernar es, a final de cuentas, optar y optar implica escoger entre alternativas con frecuencia poco atractivas o, en el mejor de los casos, incompatibles. Los candidatos en campaña imaginan un mundo de posibilidades y sueñan con resolver, de un plumazo, todos los problemas que enfrenta su nación, pero ya en el gobierno se encuentran con que los problemas son mucho más complejos de lo que pensaban, las demandas ciudadanas y de los miembros del partido gobernante (además de los requerimientos de la función gubernamental) mucho más intensas de lo que suponían. Ya en funciones, el gobernante está obligado a actuar, lo que implica lo que los economistas denominan tradeoffs: escoger entre objetivos igualmente deseables pero incompatibles entre sí. Ahí está el primer presupuesto ya completamente del gobierno actual.
En la retórica presidencial siguen prometiéndose toda clase de beneficios y formas de actuar que no siempre funcionan en la realidad. Promesas como las de muchos trenes, transferencias adicionales, inversiones y garantías de disponibilidad de electricidad, entrañan enormes costos para los cuales no hay presupuesto. La urgencia de resolver la situación financiera ha probado que la realidad es más compleja de lo anticipado. En lugar de cuentas alegres, el gobierno enfrenta la urgencia de reducir el enorme déficit fiscal que le legó su predecesor, inmensas deudas a proveedores de Pemex, promesas de transferencias incumplibles y una economía que se desacelera con celeridad. Nada de esto ha mermado la popularidad de la presidenta, pero su capacidad de preservarla está en la tablita.
Luego vienen las propuestas de solución. Las fáciles son siempre que otros paguen: la famosa reforma fiscal que resolvería todos los problemas del país en un santiamén. Desde luego, no hay nada intrínsecamente erróneo con la noción misma de una reforma fiscal, pues siempre hay la posibilidad de hacer más precisa la recaudación, mejores incentivos en el tipo de impuestos que se cobren y mayor facilidad para pagarlos, pero el problema es justamente de tradeoffs: cobrar más impuestos, que es la lógica burocrática, implica menor inversión y, con ello menor crecimiento. Lo mismo con impuestos disfrazados de política de salud cuyos fondos recaudados no estarían etiquetados para la salud. Más allá de los impuestos, la verdadera pregunta debería ser: cómo crear condiciones para que se logre una mayor prosperidad y, con ello, mayor recaudación con los mismos o similares impuestos.
Y ahí comienzan las dificultades: no es fácil crear condiciones para la prosperidad en un contexto políticamente polarizado y con visiones encontradas sobre el mundo en que vivimos. El gobierno parte del principio que las decisiones económicas deben subordinarse a las políticas, circunstancia que no empata con la realidad del mundo de la inversión, donde los agentes económicos observan el panorama mundial y optan por las oportunidades más benignas; cuando un país impone trabas a la inversión o al funcionamiento de las empresas, la reacción natural de los inversionistas es buscar otras opciones. Por otro lado, si bien el entorno económico mundial se ha modificado, la lógica de la inversión y del empresariado sigue siendo la misma. Ciertamente, el actuar de Trump, tanto en letra como en retórica, inhibe cierto tipo de inversiones, pero esa inhibición puede ser compensada por la existencia de condiciones que la hagan especialmente atractiva en algunos lugares en contraste con otros. En México parece que estamos compitiendo por ser el país menos atractivo para el tipo de inversiones que elevarían la productividad y crearían nuevas fuentes de riqueza y empleo.
En el fondo, son las visiones encontradas las que inhiben el progreso del país en esta era del nearshoring y de la renegociación del TMEC. Los cambios que ha experimentado el régimen de propiedad en la CDMX son ilustrativos de ese choque de visiones: la asamblea legislativa de esa entidad dominada por Morena ha limitado la opción de Airbnb hasta hacerla poco atractiva para los inversionistas, a la vez que ha ido instrumentado otras medidas que muestran una perspectiva de control más que de estímulo a la propiedad. Es evidente la racionalidad de lo decidido, pero igual de claras son las implicaciones y consecuencias.
Hace algunos años, Hernando de Soto describió este choque de visiones en una anécdota que no pierde actualidad: “cuando yo era niño en Perú, me habían dicho que los predios rurales que visitaba pertenecían a las comunidades campesinas y no a los campesinos en lo individual. Sin embargo, cuando caminaba yo entre una parcela y otra, los ladridos de los perros iban cambiando. Cada uno se limitaba a la parcela que le correspondía. Todo parece indicar que los perros ignoraban las leyes prevalecientes; todo lo que hacían era limitarse a la tierra que controlaban sus dueños. En los próximos 150 años las naciones que reconozcan lo que esos perros ya saben serán las que disfruten de los beneficios de una economía moderna de mercado.”
Lo que está de por medio es la capacidad (y disposición) a lograr resultados efectivos y eso está en las manos del gobierno. Las circunstancias obligan a optar. Mejor irles dando forma antes de que sea tarde.
