Fecha Publicación: 13-05-2025

En un país en donde la Constitución debería ser la norma suprema, lo que acaba de ocurrir con los fideicomisos del Poder Judicial es mucho más que una “reingeniería presupuestaria”: es una afrenta directa al Estado de Derecho.

El gobierno federal ha transferido recursos resguardados en Nacional Financiera —fondos que tenían como destino el pago de pensiones y otras prestaciones laborales— a la Tesorería de la Federación. Lo hizo sin transparencia, sin rendición de cuentas y, peor aún, bajo un barniz de legalidad construido a través de una reforma cuestionada desde su origen.

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