Fecha Publicación: 23-09-2024
En la vorágine producida por la violencia, los muertos, la politización de la inseguridad por parte del presidente, las contiendas y la euforia contra reformista de este año y, como ilustra Culiacán, se perdió todo sentido de realidad y dimensión del problema de la seguridad pública que aqueja al país. Ideas y propuestas van y vienen -con frecuencia menos ideas y más acusaciones y dogmas- pero el común denominador es una total ignorancia y simplificación entre funcionarios y candidatos sobre la naturaleza de la problemática. Sin una definición precisa del origen, evolución e impacto sobre la población y la vida económica, es imposible concebir una estrategia susceptible de ir avanzando hacia un estadio de seguridad sostenible.
Aquí van observaciones, lecturas y aprendizajes a lo largo de varias décadas en esta materia:
· La seguridad en la era del “viejo” régimen funcionaba por la extraordinaria concentración de poder que caracterizaba al binomio presidencia-PRI y que, a través de sus estructuras, tenía la capacidad de preservar el orden y la paz en la mayor parte del territorio nacional. Si bien la estructura institucional formal era de un país federal, el gobierno central imponía su ley, incluidos en ello los narcotraficantes, fundamentalmente colombianos y cuyo principal interés en México era el tránsito de drogas de sur a norte. La seguridad se preservaba gracias al extraordinario control político de esa era y no a debido a la existencia de un sistema de seguridad funcional. Es decir, no hay a donde regresar.
· Tres factores minaron aquel esquema que para muchos es motivo de añoranza, comenzando por la presidencia: el primero y más importante fue que el país dejó de ser una nación pequeña, relativamente poco poblada, introspectiva en lo económico y con un gobierno que controlaba a los sindicatos y, a través de permisos, a los empresarios. Es decir, la capacidad de control e imposición era vasta. El crecimiento de la economía, la urbanización, el ascenso de la clase media y la dispersión y diversificación de la población provocaron crecientes grietas y fracturas en el mundo idílico de la era.
· El segundo factor fue la liberalización de la economía, circunstancia que implico la creciente erosión de los mecanismos de control político que ejercían el gobierno y el partido. Menos controles y cada vez mayores demandas de democratización, todo ello en el contexto de la creciente integración norteamericana a través del TLC, minaron los cimientos del viejo régimen, hasta llegar a la derrota del PRI en 2000. Con el “divorcio” del PRI y la presidencia se vino abajo todo el tinglado del viejo sistema de control. Lo que antes funcionaba súbitamente dejó de operar y nada lo substituyó. Peor: por más que el gobierno federal llevó a cabo enormes transferencias de recursos a los gobernadores entre 2000 y 2006, presumiblemente para desarrollar y fortalecer la seguridad a nivel estatal y local, la inseguridad se convirtió en la principal anomalía del país, que arreció, hasta convertirse en la lacra que es hoy.
· El tercer factor fue el éxito del gobierno colombiano en controlar a los carteles de la droga, lo que llevó a que nacieran las mafias mexicanas y se apoderaran del mercado. En contrate con los colombianos, las nuevas mafias tenían arraigo local, lo que cambió la naturaleza del fenómeno. Con la evolución del mercado de las drogas, la creciente liberalización de la mariguana en EUA y la aparición de nuevas drogas como el fentanilo, el crimen organizado se expandió a otros mercados, como el de la extorsión, el secuestro, el derecho de piso y otros negocios ilícitos. En ausencia de autoridad a todos los niveles de gobierno, proliferó la violencia y la criminalidad.
· El crimen organizado controla regiones, pacifica ciudades y sólo incurre en la violencia cuando enfrenta rivales o a autoridades impreparadas.
· La criminalidad y la violencia ocurren a nivel local (no federal) y, sin embargo, sólo para ejemplificar, la abrumadora mayoría de los presupuestos dedicados al poder judicial y, en general, a todo lo relacionado con la seguridad y la justicia, se dedican al fuero federal. Es decir, no sólo no existe una concepción de cómo enfrentar el problema, sino que lo poco que se hace se dirige hacia espacios en que el problema no es el central.
La retórica en materia de seguridad es rica en recriminaciones, pero pobre en diagnósticos, propuestas serias y disposición a actuar. La tónica gubernamental es de irresponsabilidad absoluta, seguida por una invitación a aceptar “lo inevitable.” Es decir, a normalizar el problema y meterlo debajo del tapete, como si fuese algo menor y pasajero. Lo que el país requiere es comenzar de cero: reconocer la naturaleza federal del país y que la esencia de la seguridad empieza de abajo hacia arriba: desde el policía de la esquina y no al revés.
En su libro Caminos sin ley (1938), Graham Greene describe a un país “maldecido y lleno de odio y muerte.” Podría pensarse que se refería el México de hoy: aunque el país se ha transformado y ha crecido en mil maneras, la calidad de su gobierno sigue siendo patética.
Ahora que ya hay gobierno en ciernes, más vale que comience a repensar el problema antes de que le gane el tren, como a sus predecesores.
