Fecha Publicación: 14-05-2024
Comenzó mal cuando dijo que “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, augurando una política voluntarista que nunca rinde frutos. Comenzó a empeorar cuando se impulsó una política de debilitamiento y destrucción institucional a lo largo del Estado mexicano. De un sexenio especialmente corrupto con Enrique Peña Nieto, hemos pasado a uno probablemente peor bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Aunque usted no lo crea.
La principal bandera política del entonces candidato presidencial en 2006, López Obrador, fue la corrupción. Lo fue también en 2012. Y en 2018. Con un presidente proviniendo de un estado especialmente corrupto (el Estado de México), de un grupo caciquil especialmente deshonesto (el Grupo Atlacomulco), y con formas especialmente frívolas y superficiales, la gente botó al PRI peñanietista y elegió finalmente a un político honesto, popular, dicharachero. Sin embargo, la realidad es más complicada: cuando ampliamos nuestra visión del estado de la corrupción en el país, más allá del enfoque en una sola persona, esta pudiese resultar más grave aún al termino de este sexenio.
La corrupción pública es un fenómeno reciente. En las monarquías absolutistas europeas, la división entre lo público y privado no existía, porque todo era propiedad del rey o la reina.Como escribió el politólogo de la Universidad de Harvard, Samuel P. Huntington, “la corrupción requiere cierto reconocimiento de la diferencia entre el rol público y el interés privado.” Y la falta de ese reconocimiento es un común denominador entre Peña Nieto y López Obrador, con sus matices. Mientras que la corrupción mexiquense consiste en políticos aprovechándose de su posición pública para establecer empresas y hacer negocio, la corrupción del presidente López Obrador consiste en despilfarrar dinero público creyendo que tiene la potestad para hacerlo: construyamos un Tren Maya que costará 150 mil millones de pesos (mmdp), aunque termine costando 500 mmdp; construyamos una refinería que costará 8 mil millones de dólares (mmdd), aunque acabe costando 20 mmdd; cancelemos un aeropuerto que costará 300 mmdp y construyamos otro inservible en 150mmdp; démosle empresas a los militares, y subsidiémoslos continuamente, etcétera.Etcétera.
A lo anterior agreguemos la falta de construcción institucional, indispensable para combatir la corrupción. “La corrupción es, por supuesto, una medida de la ausencia de
institucionalización política efectiva”, nos dice Huntington. A pesar de la corrupción peñanietista, al menos había mayor sensibilidad para escuchar quejas, no existía el ímpetu para destruir reputaciones, se creó -poniéndole el pie en ocasiones- el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y se hizo una segunda gran reforma en transparencia. En este sexenio, todo eso se destruyó, y más.
La Estafa Maestra fue el mayor escándalo de corrupción de EPN. El desfalco fue por más de 7 mmdp. Segalmex ha sido el mayor escándalo de corrupción de AMLO. El desfalco fue por más de 20 mmdp. Sucedió en un solo año, con Ignacio Ovalle. ¿Castigo? Al revés: una defensa férrea del presidente, y un puesto en la Secretaría de Gobernación.
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