Fecha Publicación: 13-05-2024

El sistema democrático mexicano está en evolución constante. En la columna vertebral están las disposiciones constitucionales y legales que imponen los contornos sobre los derechos de participación, la organización o el arbitraje electoral. Pero también hay otro tipo de evolución que se construye a partir de los criterios jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para este proceso electoral, una de las mayores innovaciones en materia de derechos humanos y presunción de inocencia se decidió en Sala Superior en febrero de 2019, al determinar que las personas que se encuentran en prisión, y no han sido sentenciadas, tienen el derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia y, por tanto, no tienen suspendidos sus derechos ciudadanos previstos en el artículo 38 de la Constitución.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando, a la luz de la progresividad de los derechos humanos se toman decisiones que cuestionan, precisamente, esta progresividad?

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