Fecha Publicación: 16-04-2024

La legalidad de esta ley ha sido cuestionada por el gobierno del presidente Joe Biden, por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles, que protege y extiende libertades y derechos civiles) y por el Condado de El Paso, Texas. Un juez federal bloqueó su entrada en vigor en febrero pasado. De inmediato Texas apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia permitió su entrada en vigor el 19 de marzo, pero el Tribunal de Apelaciones la suspendió horas más tarde.

Por ahora esta ley estatal se mantiene suspendida ante dudas de su inconstitucionalidad, ya que se considera que usurpa las funciones migratorias al gobierno federal al establecer medidas legales más estrictas para los migrantes ilegales, criminalizando la entrada ilegal al territorio de Estados Unidos (EU). Más aún, la SB 4 empodera a las agencias de seguridad pública locales y estatales para dar cumplimiento a una ley migratoria que es de jurisdicción federal, al permitir arrestos y encarcelamientos de personas que parezcan sospechosas de estar ilegalmente en EU. Por su parte, los jueces tendrán atribuciones para deportar a los migrantes ilegales a los puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera de Texas con México, sin importar su país de origen.

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