Fecha Publicación: 21-03-2024

Guerrero enfrenta una crisis que pone en riesgo la viabilidad institucional misma del Estado; afecta la vida de las personas y obstaculiza sus posibilidades de desarrollo social y económico. Esta crisis se origina en una acumulación de problemas desatendidos y en su agravamiento por una particular desatención de los gobiernos recientes. Rezagos estructurales y coyunturas mal manejadas se combinan para crear una tormenta perfecta de crimen, marginación y desinstitucionalización.

Parte de la crisis es también la negación del problema. En los últimos años, se ha normalizado como nunca la estrategia de desacreditar prácticamente cualquier señalamiento como un ataque político, al punto de desconocer los hechos objetivos, especialmente cuando la crítica proviene de la oposición. El proceso electoral ha profundizado esta perniciosa tendencia; muestra de ello ha sido la discusión de una solicitud para que el Senado constate si están funcionando los poderes locales y, en su caso, declare su desaparición y proceda a que se reconstruyan.

Negarse a reconocer la realidad no va a cambiarla. Guerrero padece rezagos históricos, pero también las consecuencias de un gobierno completamente rebasado, cuyo peor saldo es la violencia contra la población. El Estado no puede ofrecer garantías mínimas de seguridad para sí mismo, mucho menos para sus habitantes; ha perdido la capacidad de hacer cumplir la ley e imponer su autoridad frente al control del crimen organizado, que domina cada vez más: desde la economía local hasta la política electoral.

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