Fecha Publicación: 02-02-2024

Apenas unas horas después de la que la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial del sistema multilateral, ordenara a Israel tomar todas las medidas posibles para evitar un genocidio en Gaza, advirtiendo al estado hebreo la necesidad de permitir el tránsito sin condiciones de ayuda humanitaria al territorio palestino y conminando al gobierno de Benjamín Netanyahu a impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias emprendidas por Sudáfrica contra Tel Aviv por sus probables violaciones a la Convención sobre Genocidio, comenzó un ataque sistemático contra la UNRWA, siglas en inglés de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, amenazando con estrangularla, hasta su anihilación.

Mientras medios de comunicación del mundo entero y ministerios de exteriores en los principales países del orbe tomaban nota de las noticias emanadas de La Haya, el gobierno israelí acusaba a la UNRWA de colusión con Hamas y de participar en los ataques que la organización terrorista llevó a cabo el 7 de octubre contra objetivos israelíes. La acusación de Tel Aviv se centró en doce empleados locales de la agencia de Naciones Unidas, que en total cuenta con más de 30 000 personas en su nómina, por presuntos vínculos familiares con los atacantes, participación directa o indirecta en los ataques o facilitación de las agresiones emprendidas por éstos aquel fatídico día de otoño del año pasado. En respuesta a las acusaciones que Israel está aún por sustentar, la UNRWA cesó de forma inmediata a los doce implicados y anunció un proceso de investigación interno para dilucidar cualquier posible infracción por parte de tales personas.

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