Fecha Publicación: 19-12-2023

Sin mayores cuestionamientos o discusión pública, hace unas semanas el gobierno publicó una reforma al Reglamento de La Ley Federal de Juegos y Sorteos. El Decreto de reforma afecta los sorteos de números o símbolos que se ejecutan en las máquinas que se conocen como tragamonedas. El Decreto mantendrá las máquinas existentes, lo que se prohíbe es la instalación de nuevas máquinas en casinos ya existentes y en los de nueva apertura. Con ello, la finalidad es, transcurridos unos años, que desaparezcan por completo estas máquinas. En adición se redujo el plazo de las concesiones a casinos de 25 a 15 años para nuevas licencias. Pero sin la posibilidad de instalar tragamonedas, ya no será rentable abrir nuevos casinos. El Decreto también establece que los permisos para la apertura y operación del cruce de apuestas en lugares como hipódromos o similares y los centros remotos de apuestas para eventos deportivos tendrán una vigencia de uno a 15 años.

Esta actividad es un área de la vida personal donde el gobierno no tiene por qué entrometerse con un afán moralizador. Esforzados burócratas sintieron la necesidad que ésta sería un área donde podrían moralmente “proteger del vicio” a la sociedad. La defensa que hizo el gobierno es de un intervencionismo en las libertades al señalar que “el Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar los efectos dañinos del juego con apuesta y azar que pueden impactar a la niñez, adolescencia y a adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental, psicosocial o adicción, como la ludopatía o el trastorno del juego”.

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