Fecha Publicación: 21-08-2023

La política migratoria conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue anunciada como una acción ejecutiva en 2012 por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Desde entonces, y a once años de su implantación, más de medio millón de personas migrantes –en su mayoría de origen mexicano— se ha beneficiado no sólo al evitar la deportación y la separación de sus familias, sino al contar con acceso a oportunidades de empleo y, por ende, a servicios de salud. Aun así, existen barreras significativas para que los receptores DACA cuenten con un acceso equitativo a la salud.

DACA se creó con el objetivo de proteger de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que fueron llevados a los Estados Unidos cuando eran niños y, para que éstos, ahora que son adultos, tuvieran autorización para trabajar. El programa, cuyos efectos son temporales, aunque con posibilidad de renovación cada dos años, ha permitido a estas personas acceder al mercado laboral y a ciertos servicios de salud; sin embargo, 34% no cuentan con seguro médico y, de aquellos asegurados, generalmente la cobertura es considerablemente menor que la de las personas con ciudadanía estadounidense.

Pese a que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos (24 años en promedio), que 86% forma parte de la fuerza laboral y 48% incluso tiene hijos, las personas en el programa DACA no son elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense, tampoco para acceder a la cobertura médica provista por el gobierno federal.

En abril 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), propuso cambios en los criterios de elegibilidad de las personas que pueden acceder al programa federal de seguros asequibles, lo que podría transformar esta realidad hacia finales de este año; pues, hasta ahora, las personas bajo DACA estaban explícitamente excluidas como posibles beneficiarias de estos programas subsidiarios.

Si bien la reforma propuesta por HHS constituye un gran avance, tal como lo vimos durante la presidencia de Donald Trump, la protección que brinda DACA sigue siendo precaria. Aún ahora estamos ante una coyuntura que genera incertidumbre y pone en riesgo todo avance.

Mientras en 2017 se suspendió la recepción de nuevas solicitudes de personas elegibles a DACA, la situación empeoró en 2021, cuando un juez federal dictaminó que DACA fue "creada en violación a la ley" y en 2022 un tribunal federal afirmó que era “ilegal”, lo que hace notar la urgencia de obtener soluciones a largo plazo que den certidumbre y protección a este grupo.

Hay que considerar que las personas bajo DACA han contribuido a la economía estadounidense y, al haber multiplicado su ingreso medio siete veces en estos once años, han aportado en conjunto $33 mil millones de dólares en impuestos combinados.

La preservación de DACA no se trata sólo de 580,000 personas, se trata también de sus familias y de sus comunidades, e incluso falta considerar a todas las personas elegibles que no han tenido la posibilidad de sumarse. La propuesta del HHS sería el primer paso para saldar la deuda y atender este asunto de salud pública en favor de las personas bajo DACA, de sus familias y de la sociedad en conjunto.

Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM, Presidente, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.

Participación en El Sol de México