Fecha Publicación: 21-07-2023
El entorno en el que vivimos está en continuo cambio, ya sea en la ciudad o en el campo; la presión desmesurada que se ejerce sobre los recursos naturales y el cambio climático —asociado en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)— provocan consecuencias muchas veces devastadoras para las comunidades en México y el mundo.
En las zonas rurales, los desastres socionaturales —cada vez más frecuentes— afectan no sólo el bienestar y la seguridad de las personas y de los ecosistemas, sino que ponen en juego incluso la supervivencia de algunas comunidades, al tiempo que las empobrecen, las hacen más desiguales y se destruyen los logros de su desarrollo.
Además, el campo y la sociedad rural en México viven una situación de polarización y desigualdad. El campo, muchas veces rezagado, adolece de la falta de oportunidades para revertir su situación, falta de valor de su producción, un elevado desempleo, bajos ingresos e inseguridad que recae sobre las personas y su patrimonio.
Lo anterior, sumado a los efectos del cambio climático, pone en riesgo a las comunidades rurales, es decir, a 21% de la población, pero también al resto de comunidades, las cuales dependen del campo para la producción de alimentos, la generación de materias primas para el funcionamiento de la sociedad y los servicios ecológicos que prestan.
En este sentido, se presenta el reto de tomar acciones para mitigar los riesgos y vulnerabilidades ante las adversidades naturales y sociopolíticas desde un enfoque de resiliencia comunitaria, es decir, a través del uso de estrategias colectivas eficaces que incluyan, por ejemplo, el bienestar, el capital social y la reducción de desigualdades.
Cada año México pierde una alarmante superficie útil de territorio por la degradación de suelos y bosques, lo que aumenta, por un lado, las emisiones de GEI y, por otro, el riesgo de ocurrencia de desastres socionaturales como inundaciones y deslizamiento de tierras. De hecho, se estima que la mitad de la tierra destinada a la agricultura sufre degradación por el sobrepastoreo, el uso excesivo de pesticidas y el mal manejo del agua. Esta situación impacta directamente en el bienestar de la población, pudiendo ser una de las causas del incremento en los niveles de pobreza y migración.
De acuerdo con Rainforest Alliance, casi un tercio del país está cubierto por bosques, lo que corresponde a 64 millones de hectáreas; de éstas, 45 millones están bajo el sistema de tenencia ejidal, lo que da cuenta del potencial para lograr un manejo sostenible de recursos liderado por las mismas comunidades.
Las respuestas, tanto en México como en el resto del mundo, por lo general se enfocan en un enfoque reactivo en vez de uno preventivo, lo cual supone mayores gastos para la reparación de daños y el sufrimiento de numerosas familias. Las comunidades rurales deben ser el elemento central en la conservación y protección de los territorios rurales, incluidos bosques y selvas. Sin embargo, la falta de oportunidades aunado a las demandas del mercado obliga a algunas comunidades a sobreexplotar los recursos o a llevar a cabo prácticas poco sustentables o, incluso, al margen de la ley.
Por ello, han de crearse alianzas multisectoriales que brinden nuevas oportunidades, garanticen la seguridad y favorezcan las cadenas de valor agrícolas sostenibles mediante prácticas como la diversificación de cultivos, iniciativas agroecológicas sustentables en las que se incorporen nuevas tecnologías y el desarrollo de infraestructura ecológica, así como una campaña de extensionismo y educación.
Así, el buen manejo de los recursos naturales favorecerá la provisión de servicios ecosistémicos y, a su vez, esto ayudará a mitigar los efectos de los desastres socionaturales, facilitará las condiciones para el desarrollo de actividades económicas y favorecerá la resiliencia de las comunidades rurales que sostienen a todo el país.
Investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM
Presidente, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI
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