Fecha Publicación: 26-06-2023

Con nueve votos a favor del proyecto del ministro Javier Laynez y dos en contra, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aniquilaron la segunda parte de reformas que conformaban el plan B electoral. Los promoventes de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, fueron el PRD, PAN, PRI y MC, diversos legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Violaciones constitucionales, tanto en el procedimiento legislativo del decreto impugnado como en el contenido material de sus disposiciones, fueron los argumentos centrales de los promoventes.

Con la histórica votación de este 22 de junio, la SCJN confirmó su independencia como Poder Judicial y su papel de equilibrio y contrapeso ante los otros Poderes públicos, con ello se protegió y garantizó la autonomía del INE y se fortaleció la democracia mexicana. Pero, también, incrementó las probabilidades de que el Presidente de Andrés Manuel López Obrador y algunos gobernadores, como el de Veracruz, sigan presionando y persiguiendo a los miembros del Poder Judicial. Incluso, el Presidente, no sólo ha planteado un plan C para insistir en someter al INE (presentar una nueva reforma constitucional después de la elección de legisladores en 2024), sino además, desde el seno del Poder legislativo, ha emprendido una estrategia para legitimar su propuesta de cambiar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial.

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