Fecha Publicación: 23-06-2023

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte, el efecto corruptor en un proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal. Cuando el juez advierta la presencia de tal supuesto deberá decretar la invalidez del proceso, independientemente de las pruebas aportadas. Es decir, a diferencia de los particulares, las policías y los ministerios públicos están obligados a actuar conforme a la Constitución y las leyes como parte sustancial de su mandato.

En el mismo orden de ideas, otras autoridades se encuentran sujetas a igual obligación. Pensemos en el Poder Legislativo. La Constitución y la legislación reglamentaria establecen los procedimientos para iniciar y aprobar leyes o reformas. La observancia de dichos procesos no es optativa o discrecional, ni depende del acuerdo mayoritario. Es un precepto sustancial de la democracia deliberativa. De ahí que la violación al debido proceso legislativo sea causal de invalidez de las normas aprobadas.

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