Fecha Publicación: 26-05-2023

El 18 de mayo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez del acuerdo por el que Poder Ejecutivo instruyó a dependencias y entidades de la administración pública federal a llevar a cabo acciones en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés general y seguridad nacional, con la resolución de la controversia constitucional 217/21.

La reacción presidencial fue vespertina y en la edición del Diario Oficial de la Federación emitió un decretazo por el que “la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”.

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