Fecha Publicación: 02-05-2023

Todas las personas tenemos derecho a la privacidad. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación…Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Está clarísimo. Nadie tiene derecho, y menos el gobierno, a inmiscuirse en nuestra vida privada, siempre y cuando nuestras acciones no constituyan actos u omisiones que dañen los derechos de terceros, o violen la constitución y las leyes que de ella emanan. Pero los gobiernos no son personas. Son construcciones sociales. Como personas, los gobernantes tienen el mismo derecho a la privacidad. Pero carecen de ese derecho cuando sus dichos, acciones y decisiones constituyen actos de gobierno. En una democracia los gobernantes están obligados a garantizar el acceso a la información gubernamental porque no son dueños de esa información, que en realidad pertenece a los ciudadanos.

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