Fecha Publicación: 27-09-2022

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, fue un crimen de Estado. Guerreros Unidos es una organización criminal que tuvo la capacidad de corromper a instituciones del Estado mexicano a todos los niveles, a policías locales, policías federales, a alcaldes, a militares del Ejército mexicano. El Ejército tenía a un soldado infiltrado entre los normalistas. Lo que pasó en la noche de Iguala y los días posteriores fue un crimen de Estado. El Gobierno de Peña Nieto construyó una verdad alterna usando tortura, y lo hizo para encubrir a responsables. La operación de la "verdad histórica" también fue un crimen de Estado. A ocho años de Ayotzinapa las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Habrá justicia sin impunidad? ¿Conocemos hoy más de la verdad? La respuesta a ambos temas recae principalmente en las familias de los 43, en las víctimas, pero también en la voluntad de este Gobierno.

México está lleno de impunidad, de abusos del Gobierno contra el pueblo, pero Ayotzinapa es quizás el caso reciente más doloroso. La tragedia de los normalistas de Iguala es la que marca el País en el que crecen las generaciones millenial y centennial, incluso para quienes no vivimos el 68. Ayotzinapa es el punto de quiebre y la demanda de verdad, justicia y de no repetición nos acompañará las próximas décadas. Parafraseando a Susan Sontag, "nadie tiene derecho a la ignorancia o a la amnesia a partir de cierta edad". Quienes eran adolescentes en 2014, hoy son universitarias y son parte de quienes acompañarán al movimiento de padres y madres de Ayotzinapa hacia el futuro. El 68, la guerra sucia, Acteal, Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa son algunas de las heridas abiertas de México.

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