Fecha Publicación: 27-09-2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el informe sobre el caso Ayotzinapa dado a conocer el 19 de agosto pasado, donde una veintena de militares –dos de ellos generales– fue vinculada con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la escuela en Iguala hace ocho años, fue revisado por él y autorizado para que se difundiera. Implícitamente aprobó que se solicitaran las órdenes de aprehensión contra todos ellos. Ese mismo día, la Fiscalía General anunció que había pedido al juez 83 órdenes de aprehensión, incluidos los militares. Cinco semanas después, solo cuatro fueron cumplimentadas. ¿Por qué? Porque, dijo el Presidente, no venían en el informe.

Es una mentira. Por obvias razones, en el documento no se incluyó la lista de personas sobre las cuales se pediría la orden de aprehensión, porque eso le correspondía al Ministerio Público, no a la comisión presidencial que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin embargo, a partir de lo que señaló el informe, Encinas pidió a la fiscalía que las solicitara. La cancelación de prácticamente todas no pudo ser explicada claramente por el Presidente, quien, podría decirse, cantinfleó. La proclividad a la propaganda más que los hechos verificados y verificables, llevada a niveles nunca vistos por un Presidente, se ha convertido en un búmeran para el propio gobierno.

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