Fecha Publicación: 23-09-2022

Como suele pasar en la mañanera, ayer hubo otro engaño disfrazado de indignación pendenciera. Ahora lo ejecutó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, que amenazó al juez primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, porque lleva 120 libertades absolutorias a favor de acusados por el gobierno de Enrique Peña Nieto de la desaparición y crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal e incluso una denuncia penal”, adelantó. “Se va a actuar en consecuencia”.

Está muy bien lo que dijo el subsecretario, pero falta que lo cumplan. Si esto sucediera, tendría que actuar el gobierno contra sí mismo, por omiso y negligente. Las deficiencias e insuficiencias del gobierno mantuvieron las debilidades y vulnerabilidades de las acusaciones originales formuladas por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, pero incurrieron en algo peor: no hicieron nada por corregirlas para evitar las liberaciones.

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