Fecha Publicación: 14-09-2022

La violencia armada en Estados Unidos se ha vuelto endémica. Según los últimos datos, hubo 45 222 muertes relacionadas con armas de fuego en ese país durante 2020 —una cifra récord. A pesar de ello, los fabricantes y distribuidores de armas gozan de una amplia inmunidad de proceso en EE. UU., ante lo cual los recursos judiciales para las víctimas de tiroteos se han vuelto altamente deficientes. Desde que fue adoptada en 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) ha escudado en gran medida a fabricantes de armas de demandas por responsabilidad civil. Aunque originalmente fue diseñada para desalentar litigios oportunistas, PLCAA ha sido invocada e interpretada de forma expansiva a lo largo de los años en tribunales de Estados Unidos de manera que impide el acceso a recursos judiciales a los cuales tienen derecho las víctimas de violencia armada y sus familiares, incluso violentando el derecho internacional de los derechos humanos. A medida que el ímpetu para desmantelar PLCAA va ganando terreno en las esferas políticas estadounidenses, el derecho internacional ofrece aún más argumentos a favor de la derogación de esta ley.

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