Fecha Publicación: 12-09-2022

Una de las obligaciones indeclinables de cualquier gobierno, además de proveer la seguridad indispensable para que florezcan la civilización y la cultura, es promover el desarrollo económico y social para beneficio de su población. La tarea es uno de los tres pilares de la cooperación internacional (los otros dos son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y la promoción de los derechos humanos). Por eso, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas menciona que: Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…(estamos) resueltos…a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

Desde el final de la segunda guerra mundial, gobiernos de todas las regiones y credos ideológicos han aplicado una variedad de políticas económicas y sociales para impulsar el desarrollo económico y social. Desde esos años, los diseñadores de las políticas públicas se enfrentan al reto de cómo evaluar mejor el éxito de sus políticas. Muy pronto, el Banco Mundial adoptó como su indicador básico de progreso el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) de una economía. Más adelante, al advertirse que una economía podía crecer mucho en un año, pero que si su población también crecía aceleradamente ese crecimiento no era tan significativo, se introdujo un segundo indicador para medir el éxito: el volumen total del PIB en un año, pero dividido entre el número de sus habitantes, es decir, el PIB per cápita.

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