Fecha Publicación: 08-09-2022

En menos de una semana, nuestro país atestigua dos eventos fundamentales, históricos en más de un sentido, que ponen en entredicho el futuro de la justicia, los derechos humanos y la posibilidad de construir una salida de largo plazo a la violencia. El primero es el debate en la Suprema Corte sobre la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro bloque de constitucionalidad; el otro fue la aprobación de una reforma en la Cámara de Diputados, cuya minuta ahora se encuentra en el Senado, que otorga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) en la SEDENA; es decir, la militarización oficial, legal y permanente de la seguridad pública.

De prevalecer, esta última medida cancelaría indefinidamente –quizá por varios sexenios–, la creación de una fuerza policial civil nacional. Probablemente también desincentivará la construcción de capacidades policiales estatales y municipales. Incluso, en sus términos actuales, la reforma deja ambigüedades legales para nuestras Fuerzas Armadas.

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