Fecha Publicación: 19-05-2022

Los Estados que han avanzado hacia la consolidación de un sistema de justicia eficaz tienen como característica común el respeto irrestricto a los derechos humanos y, por ende, al debido proceso. Esto implica, forzosamente, que quien es imputado por una conducta delictiva sea juzgado con apego a dos derechos fundamentales: la libertad personal y la presunción de inocencia.

En México, la realidad es muy diferente. Según el INEGI, las personas privadas de su libertad, pero que se encuentran sin sentencia o bajo una medida cautelar, son alrededor del 40%. Esta cifra es alarmante, pues se trata de miles de personas cuya culpabilidad no está demostrada. Es tiempo de revisar una de las principales causas de esto: la llamada prisión preventiva oficiosa (PPO). Esta medida busca evitar que, ante un riesgo comprobado, la persona imputada evada la justicia o afecte la investigación; sin embargo, también abre la puerta a que sin una razón justificada se le prive de su libertad. Esto afecta de forma más cruda a los más pobres, quienes no pueden pagar una defensa legal adecuada.

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