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Cuatro de cuatro

Eduardo Guerrero


El Financiero

Tras el operativo del pasado 20 de julio en Tláhuac, donde fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, comienza a hacerse pública una red de corrupción y contubernios que compromete de forma muy grave a las autoridades delegacionales. La semana pasada, durante su comparecencia ante la ALDF, se preguntó al delegado, el morenista Rigoberto Salgado, si estaba enterado que varias de las personas que figuran en la nómina de la delegación tienen vínculos con El Ojos (incluyendo a dos cuñadas, a su pareja sentimental y al hermano de uno de sus jefes de sicarios). Salgado se limitó a señalar que en la delegación se contrata “a personas de la comunidad bajo un principio de buena fe, de derecho al trabajo”. La ALDF ya inició formalmente el proceso de remoción de Rigoberto Salgado; uno más a la creciente lista de políticos caídos en desgracia.

Lo grave es que una red criminal se instale en un gobierno local, de forma más o menos descarada, y que sea necesaria una tragedia –o una alteración al orden público de la magnitud de lo que vivió Tláhuac–, junto con una buena dosis de investigación periodística, para que otros actores políticos intervengan. El caso de Tláhuac es en cierta forma inédito en la Ciudad de México (las delegaciones de la capital son, desde siempre, campo fértil para la corrupción, pero hasta ahora no se había documentado un caso de penetración criminal de la magnitud del que se empieza a develar en Tláhuac). Sin embargo, en varios estados abundan los ejemplos de estrechísima relación, consanguínea en muchos casos, entre criminales y autoridades municipales (al grado que a veces es difícil distinguir a los unos de los otros). En Iguala fue necesaria la desaparición de 43 estudiantes para que la opinión pública conociera el negro historial del alcalde José Luis Abarca y su esposa (ligados a la organización Guerreros Unidos). En los municipios que integran el Triángulo Rojo, en Puebla, se iniciaron investigaciones por vínculos criminales contra diversas autoridades sólo después de un enfrentamiento en mayo pasado, en el que murieron diez personas. La situación tampoco es muy distinta en otros municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, donde bastaría “rascar un poco” para encontrar los hilos que comunican al poder criminal con el poder político.

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