Asociados en prensa

Fronteras compartidas, futuros compartidos (II)

Gustavo Mohar


Excélsior

En mi colaboración pasada me referí a un estudio sobre la manera en que México y Estados Unidos podrían establecer reglas para que trabajadores mexicanos viajen a ese país a laborar por un periodo de tiempo determinado y después regresen a sus lugares de origen1. Se plantea que ambos gobiernos deberían garantizarles un salario digno, el respeto a sus derechos humanos, una vivienda digna, seguridad social y sufragar su repatriación una vez que venza el plazo autorizado.

 

Este tema parece cobrar relevancia en Estados Unidos, ya que en las últimas semanas muchas organizaciones agrícolas han declarado que les hace falta mano de obra para poder levantar sus cosechas (ver artículo If America is overrun by low-skilled migrants..., The Economist julio 27, 2017). Otras industrias como la hotelería, jardinería, servicios de enfermería, asilos y la industria de la construcción han experimentado insuficiencia de trabajadores para ocupar las vacantes que tienen disponibles (ver reporte del MPI: http://www.migrationpolicy.org/article/despite-political-resistance-use-temporary-worker-visas-rises-us-labor-market-tightens).

El asunto plantea algunas interrogantes: ¿Los trabajadores mexicanos no se presentan en los campos agrícolas por temor a ser detenidos y deportados a México? ¿Será cierto que las deportaciones forzadas y los retornos voluntarios a nuestro país han sido de tal magnitud que han impactado la oferta de trabajadores? ¿El número de meseros, enfermeras, empleadas domésticas, trabajadores de construcción mexicanos es insuficiente para aprovechar la recuperación económica en el país vecino, o bien prefieren buscar trabajos mejor remunerados?

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