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Arma de doble filo

Eduardo Guerrero


El Financiero

Las cifras oficiales publicadas en mayo confirmaron lo que ya se veía venir desde principios de año: la violencia está en sus peores momentos, y 2017 podría ser el año con más homicidios en la historia reciente del país. La violencia ha aumentado en prácticamente todos los estados. Sin embargo, mientras en algunas entidades federativas el incremento ha sido relativamente moderado (en Jalisco, por ejemplo, los homicidios dolosos aumentaron 28 por ciento al comparar los primeros cinco meses de 2014 con igual periodo de 2017, y en Nuevo León el aumento fue de 23 por ciento), en otras el aumento ha sido francamente dramático (en Veracruz los homicidios dolosos prácticamente se triplicaron de 2014 a 2017). Ante este panorama crítico, las autoridades de todo el país ya tienen un chivo expiatorio: el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Más precisamente, los funcionarios han identificado como responsable de la ola de violencia a que, en el marco de dicho sistema, se eliminara la prisión preventiva oficiosa para las personas que son detenidas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Ciertamente, las nuevas disposiciones han propiciado que en algunos casos delincuentes de alta peligrosidad queden libres después de ser aprehendidos. Por ejemplo, hace apenas algunas semanas fueron liberados en Morelos 11 presuntos delincuentes que habían sido aprehendidos en posesión de armas de alto calibre. Los detenidos, además de sus posibles vínculos con el grupo conocido como Guerreros Unidos, amenazaron a los elementos de la policía estatal de Morelos que los detuvieron. Sin embargo, que haya casos en los que el sistema acusatorio ha sido aprovechado para liberar criminales peligrosos no implica necesariamente que el nuevo sistema sea responsable del repunte en la violencia, como lo han sugerido ya varias autoridades federales y estatales. Ésta es una mera hipótesis, que ni siquiera ha sido evaluada, pero que, a fuerza de ser repetida, ya es un lugar común. 

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