Asociados en prensa

El espionaje en otras latitudes

Eduardo Guerrero


En otras latitudes, las agencias de seguridad e inteligencia operan de forma más o menos profesional e independiente. Siempre habrá abusos y filtraciones y polémica respecto a los límites que deben acotar el trabajo de espionaje que realizan dichas agencias. Sin embargo, sería difícil pensar que los recursos de instituciones como el FBI, la CIA o del M15 se utilizaran –por instrucción del Presidente o del Primer Ministro– para obtener información de personas que no supongan un riesgo de seguridad, sino que simplemente incomoden al gobierno (sobre todo si esas personas son ciudadanos, y además líderes de opinión). Ese umbral mínimo de independencia y profesionalismo no depende de la buena voluntad de nadie, sino de años de aprendizaje, muchas veces a la mala, que han culminado en el establecimiento de reglas y procedimientos que no es sencillo ignorar (y que son celosamente vigilados por una burocracia de carrera, que no tiene ningún vínculo de lealtad personal con figuras políticas).

En el otro extremo están algunos gobiernos autocráticos donde literalmente todo es posible en términos de espionaje. Rusia es el ejemplo más acabado. El Servicio Federal de Seguridad (FSB), sucesor de la infame KGB, opera sin más restricción que resguardar los intereses de Vladimir Putin. El eterno presidente ruso ha hecho todo lo que está en sus manos para incrementar el poder del FSB y garantizar la lealtad de sus agentes: ha abolido agencias rivales y ha recompensado generosamente a sus directivos (que tienen carta blanca para enriquecerse en sus cargos, y que frecuentemente son promovidos a posiciones dentro de otras áreas del gobierno donde puedan enriquecerse aún más). En buena medida, Putin ha sustituido a la oligarquía rusa que surgió tras la caída del bloque soviético por un nuevo grupo de millonarios: los siloviki, emanados en gran medida de las filas del FSB. A cambio, el FSB no vacila en proteger por cualquier medio los intereses del Presidente (incluyendo operaciones que prácticamente ninguna otra agencia del mundo lleva a cabo, como asesinatos y secuestros en territorio extranjero).

La PGR, la Policía Federal y el Cisen son instituciones con vicios y debilidades colosales. Podemos asumir que muchas veces se pasan por el arco del triunfo las disposiciones que contempla la ley para intervenir comunicaciones privadas –mismas que, de acuerdo con la Constitución, sólo pueden llevarse a cabo con autorización de un juez federal. También podemos asumir que, de forma cotidiana, sus recursos se utilizan con fines distintos a la investigación de delitos y la identificación de riesgos de seguridad (un funcionario me comentó hace no demasiado tiempo que seguía siendo común que se intervinieran los teléfonos de algunas parejas de altos funcionarios, sólo para corroborar sospechas de infidelidad). Sin embargo, México no es Rusia y Peña Nieto no es Vladimir Putin. El mandato del presidente mexicano tiene fecha de expiración. Si Peña Nieto o algún miembro de su gabinete ordenaron espiar, desde la PGR u otra agencia federal, a figuras como Carmen Aristegui, lo hicieron a sabiendas de que corrían un enorme riesgo. 

La respuesta del gobierno ante los señalamientos de espionaje ha sido desatinada. Primero trascendió que el Presidente dijo de forma extraoficial, respecto de quienes han denunciado espionaje, “que presenten pruebas... que no anden hablando”. Posteriormente, en un acto público, descalificó de forma categórica las denuncias. Seguir en esa postura sería un gravísimo error. Ciertamente hay varias posibles explicaciones sobre los mensajes de Pegasus. Podría ser que el Presidente no tuviera conocimiento. El gobierno no es monolítico y los funcionarios en las agencias de seguridad tienen sus agendas propias. Tampoco podemos confiar demasiado en los escrúpulos de empresas como NSO Group, proveedor de Pegasus. La empresa israelí ha señalado que sólo presta sus servicios a instancias gubernamentales. Sin embargo, nada nos garantiza que así sea. Por otra parte, las dependencias del gobierno federal no son las únicas instancias que realizan actividades de espionaje en México. Por ejemplo, durante la administración de Rafael Moreno Valle, el gobierno de Puebla fue señalado por operar un centro clandestino de espionaje y por intervenir las comunicaciones de adversarios políticos (usando, por cierto, un malware similar a “Pegasus”). 

Sin embargo, hasta que se demuestre lo contrario, los blancos de espionaje y la opinión pública van a señalar a Los Pinos. Como nunca antes, el Presidente y varias figuras de su círculo cercano saldrán del gobierno en una posición vulnerable. Son demasiadas las cuentas pendientes que dejarán atrás, incluyendo escándalos de corrupción y casos de violaciones graves a los derechos humanos. En este contexto, no resulta inverosímil que la administración saliente buscara, además de detener la difusión de más investigaciones embarazosas, “asegurar el futuro” con información comprometedora de algunos de sus principales detractores. 

Varios elementos adicionales abonan a la sospecha. En particular, se ha documentado que la PGR contrató Pegasus durante la gestión de Jesús Murillo Karam. Considerando lo anterior, si Pegasus no fue operado contra periodistas y activistas con el conocimiento del Presidente, o de algún miembro de su gabinete, bien haría el gobierno en averiguar y mostrar quién fue.

Twitter: @laloguerrero

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