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La Corte contra empresas fantasma. Sólo un primer paso


El Financiero

 

Hoy, todos sabemos que existen empresas fantasma, que son una fachada para evadir impuestos, para disfrazar transacciones fraudulentas, o lavar dinero y para ocultar el desvío de recursos públicos. Las empresas fantasma han ganado notoriedad gracias al trabajo del periodismo de investigación (Animal Político) y de organizaciones sociales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y a que se han colocado en el centro de la agenda del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Sabemos también que el SAT tiene identificadas cerca de 5,000 empresas fantasma que están publicadas en dos listas: una preliminar con las que son sospechosas de emitir facturas sin sustento, y otra definitiva con aquellas cuya falsificación está ya probada a cabalidad. Sin embargo, las dependencias públicas hasta hoy no tienen impedimento alguno para contratar con ellas y pagarles por servicios convenidos, y hemos visto como han servido como mecanismo para desaparecer recursos públicos a favor de no sabemos quién, claro, salvo que alguna autoridad descubra el ilícito. Las listas con las empresas fantasma son el primer paso para impedir que por esa vía se desvíe dinero gubernamental y para que se financien ilegalmente campañas políticas.

Por ello, es de gran relevancia la sentencia de la Primera Sala de la SCJN del 7 de febrero pasado, por la que por 3 votos a favor se resolvió que es constitucional el artículo 69B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), que permite que el SAT publique la lista de las empresas fantasma. La sentencia desestimó la pretensión de la quejosa, Grupo Impulsor del Sur SA de CV. (GRIMSUR), que alegaba que las listas son inconstitucionales porque violentan su seguridad jurídica debido a que el mencionado artículo no contempla un plazo para que la autoridad emita y notifique su resolución a las empresas bajo investigación. Con una lectura sistemática de la norma, la sentencia invocó otro artículo del Código, el 67, que fija un plazo de 5 años para que la autoridad indague y sancione. Cabe señalar, por cierto, que en el reporte sobre los Papeles de Panamá de 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, GRIMSUR fue identificada como empresa que administraba la nómina de más de 4000 empleados de Oceanografía, la famosa contratista de Pemex que está involucrada con un fraude millonario.

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