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Una estrategia para sepultar a Lula

Hernán Gómez Bruera


The New York Times

Para el público que desconoce las particularidades del caso, la noticia de que un expresidente sea juzgado por corrupción en una nación latinoamericana —donde la impunidad suele ser la regla— podría parecer un avance. Sin embargo, un proceso judicial en el que los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del inculpado constituye una enorme amenaza para la democracia y un acontecimiento que —en pleno año electoral— será motivo de incertidumbre y crispación entre los brasileños.

La sentencia del juez Sérgio Moro, ratificada esta semana, se da diecisiete meses después de que Dilma Rousseff fue depuesta de la presidencia a través de una operación política de dudosa legalidad y luego de que el Congreso exoneró al presidente Michel Temer, sobre quien existen pruebas de corrupción.

Al ratificar la condena impuesta a Lula y aumentarla de nueve a doce años, los tres jueces federales —en busca de un estrellato político similar al del ya famoso Moro—, validaron de forma unánime un juicio viciado de origen y sin el tipo de pruebas que exige un proceso penal.

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