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Ejecución

Luis de la Calle Pardo


El Universal

Son varias las razones que explican el bajo nivel de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto entre los mexicanos, pero la más importante está relacionada con el hecho de que en su gobierno se ha terminado enfatizando el negativo más grande del PRI, la corrupción, al tiempo que su activo más relevante, la supuesta capacidad de ejecución, ha estado ausente.

No hay duda de que las reformas impulsadas por el gobierno y los partidos políticos en 2013 son de suma importancia y tendrán, empiezan a tener, un enorme impacto positivo en la economía y la relación de la sociedad con el gobierno en los próximos años.

El presidente Peña Nieto supo aprovechar la coyuntura política del divorcio de Andrés Manuel López Obrador con el PRD y la necesidad del PAN de volver a ser relevante después de la derrota de 2012 para empujar reformas indispensables y muchas veces pospuestas por una clase política que no quería asumir el costo de reformar. El Pacto por México se convirtió en el instrumento para hacerlo. El gobierno hizo bien en impulsarlas al principio del sexenio para asegurar su implementación aun a sabiendas que la abrumadora mayoría de los benecios se conseguirían sólo en el largo plazo, una vez concluido su periodo constitucional. Ésta es otra de sus virtudes.

En el futuro se recordará y reconocerá a Peña Nieto como un presidente reformador y de una gran ambición por haberlas impulsado. Sin embargo, el desencanto ciudadano está relacionado con la menor tolerancia que se tiene a la corrupción y con la percibida incapacidad de ejecución de los gobiernos.

La nueva sensibilidad de la opinión pública a actos de corrupción (de suyo muy positiva y necesaria) responde a un fenómeno internacional, pero también a la mayor recaudación tributaria, al uso clientelar de estos recursos y a la falta de inversión en infraestructura física que muestre mejoras palpables a la ciudadanía. En el pasado había una mayor tolerancia a la corrupción cuando los recursos del Estado venían de yacimientos submarinos de petróleo que el ciudadano promedio no veía como directamente suyos, aunque legal y políticamente se dijera que lo fueran. 

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