Asociados en la prensa

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La defensa del Halloumi

Escrito por Universidad Anáhuac el .

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Excélsior

*Monserrat González Oaxaca y
**Almendra Ortiz de Zárate

En días recientes las noticias de Chipre tomaron una nueva dirección para dejar de hablar de la crisis financiera de la isla o del conflicto que la ha mantenido divida por más de 40 años (en 1974 Turquía envió tropas al norte del país y estableció la “República Turca del Norte de Chipre” o “RTNC”, reconocida desde entonces únicamente por Turquía). Los medios mostraron en sus encabezados a un protagonista diferente: el queso halloumi. Este alimento constituye una de las principales fuentes de ingreso para la isla mediterránea, pues tan sólo en 2013 representó 76 millones de euros para el país. Además, cuenta con una gran demanda para ser exportado a diversos Estados y ha contribuido a la formación de la identidad del pueblo chipriota, pues es base fundamental de su gastronomía, su cultura y sus tradiciones.

El halloumi es un queso blanco parecido al feta o mozzarella, con características que lo podrían hacer parecer sorprendente, pues no se derrite fácilmente, lo que permite que pueda asarse. Su maleabilidad se debe a su elaboración mediante el método de salmuera, que le da un sabor salado. Este producto de origen artesanal tiene su origen en el año 1554 a.C., y se elabora a base de leche de cabra y oveja, aunque actualmente se añade leche de vaca.

Recientemente, los chipriotas productores de halloumisolicitaron el calificativo de Denominación de Origen Protegida (DOP) ante la Unión Europea (UE), tomando en consideración el reconocimiento de las características propias y diferenciales del queso, del medio geográfico en el que se producen las materias primas, cómo se elabora y la influencia del factor humano que participa en su realización.

Con la DOP se establecerá que el queso halloumi deberá tener un proceso de producción, transformación y elaboración en una zona geográfica determinada; en este caso, la isla de Chipre, que cuenta con la especialización necesaria reconocida y comprobada para la realización de este producto. Sin embargo, la obtención de esta denominación podría atravesar por un proceso especialmente complejo para Chipre, ya que se trata de un producto artesanal de suma importancia para los grecochipriotas y para los turcochipriotas al norte del país (región invadida en 1974 por Turquía). En primer lugar, porque es un producto típico para ambos y base muy importante de su alimentación. En segundo lugar, el ingreso de ambas partes depende de las exportaciones de este producto en su economía —vale la pena recordar que Chipre atraviesa desde 2013 por una de las crisis económicas más profundas que se han presentado en la zona euro—.

La complejidad de la solicitud de DOP no radica solamente en la división de la isla, sino que se encuentra también en el hecho de que el producto cuenta con dos nombres:halloumi para los grecochipriotas y hellim para los turcochipriotas; esto dificulta no sólo su comercialización, sino la adopción de un nombre para la DOP. Además, dado que en la actualidad se incorpora leche de vaca en la elaboración del queso, los elementos característicos pertenecientes a la región han sido modificados.

Por todo lo anterior, la DOP resulta compleja, sin embargo, el gobierno de Chipre buscará asegurar este distintivo para el halloumi, pues significa una oportunidad para obtener mayores ingresos económicos para el país con la exportación de un producto con creciente demanda en el exterior, así como la posibilidad de definir ante la comunidad internacional que el queso halloumi es un producto netamente chipriota que se incorpora como un símbolo de identidad nacional para el país.

 

* Alumna de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México Norte.

** Profesora de la Facultad de Estudios Globales y Titular de la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre, Universidad Anáhuac México Norte.

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Australia vista a través de su literatura

Escrito por Tim George el .

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Excélsior

Richard Flanagan, uno de los mejores novelistas contemporáneos de Australia, declaró que “escribir te recuerda que nunca estás solo. Escribir y leer es ser optimista”. En mi columna de hoy quisiera enfocarme en el optimismo y el sentido de comunidad inherentes en la tradición literaria de Australia.

Frecuentemente comento que el único impedimento para el crecimiento de la relación bilateral entre Australia y México es el entendimiento mutuo. Necesitamos conocernos mejor, y qué mejor manera de comprender una cultura y al pueblo de una nación que mediante su literatura.

La Australia contemporánea tuvo su origen como una serie de colonias británicas, lo cual significó que nuestra tradición literaria inició a partir de y estuvo vinculada a la tradición ampliada de la literatura británica. No obstante, durante los últimos dos siglos nuestros escritores, poetas y comentaristas han desarrollado un arte narrativo que es clara e inequívocamente australiano.

Los primeros escritores frecuentemente abordaban y se interesaban en características y atributos australianos por excelencia, tales como la belleza y el terror de vivir “en el monte” (in the bush), los forajidos, los relatos de pioneros, los temas y cuestiones aborígenes, la migración y la camaradería (mateship).

Los relatos conocidos como bush ballads de Henry Lawsony Andrew Banjo Paterson se han arraigado tan profundamente en la cultura australiana que hoy en día la canción Waltzing Matilda se ha convertido en el himno no oficial australiano durante eventos deportivos alrededor del mundo. Por cierto, un diplomático japonés adscrito a México recientemente le comentó a mis colegas australianos que sabe de memoria toda la letra de la canción Waltzing Matilda, ya que en la escuela en Japón aprendió inglés australiano.

Novelistas australianos de renombre internacional han escrito acerca de la experiencia de vida en Australia y han creado obras de impacto duradero. Patrick White, el primer australiano galardonado con el Premio Nobel de Literatura, fue distinguido con dicho reconocimiento “por (haber) introducido la literatura de un nuevo continente en el mundo de las letras”; alrededor del mundo se han vendido más de 30 millones de copias del libro de Coleen McCullough El pájaro canta hasta morir (The Thorn Birds); El arca de Schindler (Schindler’s Ark) escrito por Thomas Keneally fue la fuente de inspiración para la famosa película de Steven Spielberg La lista de Schindler; y otros escritores de renombre —tales como David Williamson,Geoffrey Blainey, Peter Carey, David Malouf y Germaine Greer— continúan creando importantes obras tanto en Australia como en el extranjero.

En octubre de 2014, Richard Flanagan fue galardonado con el Man Booker Prize 2014, uno de los reconocimientos literarios de mayor prestigio del mundo, por su novela The narrow road to the deep north.

El libro de Flanagan —una historia de amor enmarcada por las duras y penosas condiciones que enfrentaron los australianos prisioneros de guerra que fueron parte de la mano de obra forzada utilizada para construir el Ferrocarril de Birmania (también conocido como el Ferrocarril de la Muerte) durante la Segunda Guerra Mundial— ilustra de manera ejemplar el tema central de la camaradería que mencioné con anterioridad y a la vez brinda una visión penetrante y lúcida de la sociedad australiana de la época. Les recomiendo ésta y otras obras de literatura australiana. Compartir relatos y narraciones sin lugar a dudas fortalecerá nuestra relación.

 

 

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Un abismo de credibilidad

Escrito por Jorge Eduardo Navarrete el .

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La Jornada

Hace poco menos de un año comparecí ante el distinguido jurado que se encargó de seleccionar, entre un conjunto de aspirantes previamente depurado, a los finalistas del proceso de designación del consejero presidente y de los primeros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Afirmé, con base en un ensayo ad hoc, que el mayor déficit remanente del extendido proceso de construcción institucional de la democracia electoral en México era la amplia y persistente falta de credibilidad de las actuaciones y decisiones de la autoridad electoral. Señalé que ésta se refería, principal pero no únicamente, a los resultados proclamados de los comicios. Hablé, en consecuencia, de la prioridad que debía otorgarse a eliminar tan notoria insuficiencia de verosimilitud. Sugerí la conveniencia de adicionar la credibilidad como un séptimo principio rector del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, con igual rango a los seis ya enumerados en la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Aún más, sostuve que concentrar la labor del INE en tornar verosímil el conjunto de su desempeño sería la mejor manera de contribuir a la consolidación definitiva de la democracia electoral mexicana. Propuse, como criterio para apreciar las acciones del INE, considerar positivas a las que abonasen a su credibilidad –como dar cuenta cabal del alcance y contenido de sus deliberaciones, más allá de las que por ley han de ser públicas–, y negativas a las que la demeritasen –como el tono de elogio en boca propia y la tonada paternalista de algunos de los comerciales que actualmente difunde–. Menciono sólo dos ejemplos, hay muchos más, en un sentido y en el otro. Es claro que, a la vuelta de 12 meses, lo que se percibía como un déficit se ha convertido en un ancho y profundísimo abismo de credibilidad.

Ahora, como informó el martes último La Jornada, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –órgano al que compete calificar la legalidad de las elecciones y la validez de sus resultados– reconoce que los comicios de junio de 2015 tendrán lugar “en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales”. El magistrado Flavio Galván Rivera considera que hay “una crisis en las instituciones a escala nacional; obviamente el tribunal y el Instituto Nacional Electoral están incluidos”, pues la crisis alcanza al conjunto de la nación. Opina que está en manos de la ciudadanía hacer que el proceso electoral sea confiable. Estima el magistrado que la muy amplia participación ciudadana en las operaciones de recepción y conteo de los votos emitidos en las casillas en la jornada electoral es, por sí misma, garantía suficiente de credibilidad. O al menos debería serlo. Lo impide, a su juicio, “nuestra cultura de la desconfianza e incredulidad”. Se pregunta: “Si los ciudadanos participan en las mesas de casilla y realizan correctamente sus actividades, ¿cómo pueden dudar de lo que pasó en la jornada?’’ Y alecciona: “Necesitamos educar a la ciudadanía, a niños, jóvenes y adultos, para que aprendan a creer en las instituciones”.

Se ha puesto en boga calificar de rasgos culturales algunas falencias de las conductas individuales y sociales de los mexicanos. No hace mucho se afirmó que las acciones deshonestas pueden entenderse como manifestación de la cultura de la corrupción. Ahora se afirma que denunciar la falta de credibilidad de dichos y acciones de algunas instituciones es expresión de una cultura de la desconfianza y la incredulidad. Por otra parte, se ha vuelto común afirmar que el manejo y solución de diversos problemas nacionales corresponde, no a los servidores públicos abocados a atenderlos, sino al conjunto de los mexicanos. Se intenta salvar de este modo la responsabilidad oficial por la insuficiencia de recursos y los defectos de los servicios a cargo de instituciones públicas.

A diferencia de lo que afirma el magistrado, en casos recientes, documentados con suficiencia, se halla que la falta de credibilidad no se origina en lo ocurrido en diversas jornadas electorales, sino en lo ocurrido antes de ellas y, también en buena medida, en mucho de lo ocurrido después de esas jornadas. Por lo general las objeciones planteadas ante los procesos electorales y sus resultados no aluden a lo que hacen los muy numerosos ciudadanos que actúan en las mesas de casilla, sino a las acciones y omisiones de la autoridad electoral, tanto el tribunal como el instituto. La responsabilidad de tornar verosímiles los procesos electorales corresponde, en primer término, a los integrantes de los órganos que preparan, realizan y califican los comicios. Para eso se les paga, y muy generosamente, por cierto. Es claro, sin embargo, que la responsabilidad de consejeros y magistrados va mucho más allá de desquitar mínimamente su sueldo.

El abandono de una sesión de Consejo General del INE por siete de los 10 representantes de partidos políticos que son parte de ese órgano, en días recientes, se produjo ante la decisión, por la mínima de las mayorías, de diferir la consideración de una cuestión urgente que tiene que ver con la equidad de las campañas. Si faltasen meses para la elección, podría suponerse que posponer una semana el asunto no tendría mayores consecuencias; cuando faltan sólo tres, posponer es procrastinar: diferir dolosamente la consideración de un asunto para afectar su resolución. No abona en mucho a la credibilidad del INE esta proclividad para demorar asuntos que conciernen al PRI o, como en este caso, a alguno de sus adláteres, contrastado con la presteza con que se examinan y aprueban quejas contra los partidos opositores, planteadas por partidos o personalidades que se consideran ofendidas.

Como tantos otros asistentes a salas de cine, he sido repetidamente agredido por anuncios demagógicos y falaces del Partido Verde Ecologista de México, más homicida que ecologista por su devoción a la pena de muerte. Se me ha dicho que, desde diciembre de 2014, el INE ordenó el retiro de tan ofensiva propaganda, sin lograr que se obedezca su acuerdo o resolución al respecto (cuyo texto fui incapaz de localizar en el portal del instituto). Ante hechos como este, más allá del número de ciudadanos que participe leal y eficazmente en las casillas el día de las elecciones, seguirá ampliándose y ahondándose el abismo de credibilidad de las autoridades electorales mexicanas.

 

 

 

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Simulan gobernar

Escrito por Luis Rubio el .

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Forbes

Un empresario se presenta ante la oficina de inspectores de la Secretaría del Trabajo para preguntar sobre una multa que recibió. El encargado de la oficina le explica que el inspector visitó su empresa y encontró que las rayas pintadas en el piso eran de nueve centímetros, en tanto que el código establece que deben ser de 10.

Esa violación conlleva una multa de 16,000 pesos que debe ser pagada en los siguientes 30 días, pero el encargado le informa que existe un procedimiento de inconformidad y que es fácil ganarlo porque el código tiene distintas medidas para esas rayas dependiendo de la parte del código que se aplica.

Acto seguido, se acerca una persona que estaba sentada a un lado del escritorio de la recepción y le ofrece al empresario representarlo en el procedimiento de inconformidad. Se mueven a una esquina y el presunto abogado le informa que es fácil ganar la querella y que le cobra 5,000 pesos por el procedimiento.

El empresario acepta a regañadientes y en 24 horas se resuelve el caso por módicos 5,000 pesos. La celeridad del procedimiento hace pensar que se trató de una celada, un procedimiento concebido para extorsionar.

La simulación es el pan de cada día. A unos los extorsiona el crimen organizado, a otros inspectores gubernamentales, pero el acto de extorsionar no es distinto. En ambos casos, la asimetría de poder es tal que el ciudadano común y corriente no tiene más alternativa que apechugar.

La extorsión por parte de la burocracia goza de un halo de legitimidad pero no es distinta de la otra: ambas están diseñadas para encarecer los costos de la operación de los negocios lo suficiente como para no matarlos. Lo interesante del caso gubernamental es la simulación que lo caracteriza: el disfraz de legalidad que adquiere un acto de flagrante abuso.

Ejemplos de simulación sobran. Un médico amigo mío, que realizó su servicio social en una población del Estado de México, enfermó de sarampión. Sin embargo, el gobierno del estado informó unos meses antes que esa enfermedad se había erradicado de la entidad, razón por la cual el caso no podía existir. Acto seguido, una ambulancia lo llevó a su casa con un certificado de terminación del servicio, aunque faltaban meses para concluirlo.

La legislación en materia de telecomunicaciones, supuestamente orientada a generar mayor competencia en el sector, no ha impedido que se siga “consolidando” la industria, es decir, que los jugadores dominantes compren a sus competidores menores.

Por años, la CFE empleó la consigna de “empresa de clase mundial” para describirse. El único problema es que era única en su liga porque no era competitiva en ninguno de los rubros relevantes con que se mide a la industria. Por suerte, Pemex no ha tenido la audacia de adoptar semejante punto de comparación, quizá reconociendo que una simulación de ese tamaño ni siquiera sus propios próceres la podrían tolerar.

Ahora, en temporada electoral, nos encontramos con que es la etapa de los chapulines: políticos que abandonan los puestos para los cuales fueron electos, en aras de conseguir un nuevo puesto. La responsabilidad adquirida en la elección anterior es lo de menos: lo importante no es si el vaso está medio lleno o medio vacío sino estar dentro del vaso.

Algunos funcionarios tienen la necesidad imperiosa de tener un nuevo puesto porque así quedan protegidos con el fuero legislativo de las fechorías que practicaron en el anterior. El caso es que no existe compromiso alguno con la ciudadanía a la cual prometieron gobernar (es un decir) o representar. Lo importante es tener un puesto. Todo el resto es simulación.

La simulación es la esencia de la política mexicana. El discurso dice democraciapero es despotismo; en la retórica se propone representación pero el objetivo es enriquecimiento individual. La ciudadanía, el progreso económico y el bienestar del país es lo de menos: lo relevante es mantenerse en el círculo del poder y la corrupción. Lo asombroso es la facilidad con que el PAN y el PRD se mimetizaron con el PRI, el viejo y el nuevo.

El triángulo simulación-corrupción-impunidad le da respetabilidad a la expoliación, a los llamados derechos adquiridos, al abuso y, por lo tanto, al atraso en que vive el país. Un país que vive en y de la simulación no es un país que pueda moverse o que pueda lograr el desarrollo. Hay contradicciones que simplemente no aguantan escrutinio alguno.

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A tres semanas de las elecciones en Israel

Escrito por Rodica Radian el .

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Excélsior

A tres semanas de las elecciones, lo desconocido sigue dominando el escenario político israelí. La votación no es obligatoria, pero el porcentaje estimado de votantes es bastante alto —de casi 70%, parte de éstos todavía indecisos por quién votarán—. Como ya mencioné hace algunas semanas, la gran sorpresa al principio de la campaña electoral fue la fusión entre el partido laborista (liderado por Itzhak Herzog) y el partido Ha-Tnuá (liderado por Tzipi Livni) formando así el Ala Sionista. Esta fusión resultó exitosa a juzgar por las encuestas que predicen a cada uno de los dos partidos principales, el Likud (encabezado por Benjamin Netanyahu) y el Ala Sionista entre 23 y 25 escaños en la Knesset (Parlamento), aunque ninguno de ellos podrá gobernar sin una coalición estable que tenga 61 o más representantes. Su reto es obtener la nominación de manos del presidente Rivlin para formar un gobierno, una vez que él esté convencido de que la persona elegida (sea Herzog o Netanyahu) logrará su meta.

La necesidad de formar coaliciones es una de las características de la democracia israelí, así que partidos de mediano tamaño pueden ser pivotantes para la formación de una coalición con orientación, tanto de centro-derecha como de centro-izquierda. En el caso actual estos son los partidos —Casa Judía (encabezada por Naftali Bennet), Kulanu (“todos nosotros” —encabezado por Moshe Kajlon)—, Yesh Atid (“hay futuro”
—encabezado por Yair Lapid)— y el partido religioso Shas. Otra fusión reciente —esta vez entre los partidos árabes— resultó en otro partido mediano con una proyección de 12 escaños. En este último caso la gran duda es si dicho partido querrá ser parte de una posible coalición, ya que los partidos árabes siempre han sido de oposición. La situación se vuelve aún más compleja, ya que no todos estos partidos estarán dispuestos a sentarse juntos dentro de una misma coalición. Por el otro lado, dichos partidos, así como otros más pequeños podrán, en principio, formar un “bloque” táctico, lo cual les permitirá una mejor posición para negociar cuando llegue el momento de formar un gobierno.

La agenda dominante para estas elecciones tampoco está definida: sin duda, la situación volátil e inestable en las fronteras en el norte y sur de Israel, además del tema iraní, dominan el discurso político y público. Sería correcto afirmar que las posiciones de los partidos grandes no difieren tanto en los temas de seguridad nacional, reflejando un consenso bastante amplio dentro de la opinión pública; sin embargo, sí hay diferencias de opinión en partidos más pequeños que representan a la derecha o a la izquierda política. Por otro lado, en temas económicos y en especial en el de encarecimiento de la vida, que preocupan a una gran parte de la población, las diferencias en opiniones políticas parecen  estar más enfatizadas.

La atención política del público israelí está concentrada en el 17.3.2015, día de las elecciones, y hasta entonces el “deporte nacional” será seguir de cerca los sondeos que aparecen muy a menudo. Sin embargo, la parte crítica llegará al día siguiente, en el momento donde empiecen los esfuerzos para formar un gobierno estable.

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Estado y seguridad

Escrito por Luis Rubio el .

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Reforma

Joaquín Villalobos, estratega y extraordinario lector de la realidad criminal, escribió un artículo* largo en el que describe con claridad y precisión el dilema que enfrenta México. Transcribo aquí, con su permiso, las oraciones medulares del texto:

· El Estado se desarrolla a partir del monopolio de la violencia, es decir, en torno a la capacidad que tenga una clase gobernante de ejercer autoridad sobre un territorio determinado para proteger a quienes en éste habitan.

· La seguridad es el primer derecho de los ciudadanos y la primera responsabilidad del Estado. El poder coercitivo del Estado es, por lo tanto, el principal poder del Estado porque la certeza de estar protegido en la vida, el patrimonio y los derechos humanos son precondiciones para todo lo demás.

· Todo vacío de autoridad del Estado deriva en crecimiento del poder criminal. Este vacío facilita que pequeñas bandas se agrupen y jerarquicen hasta convertirse en grandes organizaciones criminales que terminan controlando territorio y cooptando a las instituciones.

· Durante la Guerra Fría policías y militares estaban desplegados en el territorio en cantidades considerables para reaccionar frente a protestas, insurgencias y golpes de Estado. Es con instituciones fundadas en esas ideas que las democracias emergentes ahora intentan responder a la ola de violencia criminal.

· El policía de la calle se quedó con menos recursos, cobrando bajos salarios, con su autoridad debilitada, sin reconocimiento social, con los conocimientos y doctrina que aprendió del autoritarismo y con la obligación de respetar los derechos humanos.

· No es posible enfrentar a la actual violencia criminal sin una transformación de las instituciones de seguridad, sin un nuevo despliegue de éstas en el terreno y sin un aumento sustancial de su pie de fuerza. Las políticas sociales preventivas no serán eficaces si los ciudadanos viven aterrorizados por el crimen; es indispensable que el poder coercitivo derrote el miedo y restablezca la autoridad del Estado en las comunidades. La policía es el primer eslabón de contacto entre el Estado y los ciudadanos y el pilar fundamental de toda la seguridad; si ésta falla, todo el sistema falla.

· La forma en que se ejerció autoridad en el pasado dio base a la confusión entre autoritarismo y Estado fuerte, cuando lo primero no implicaba lo segundo, por el contrario el Estado era débil.

· El debate para encontrar soluciones a los problemas de seguridad ha girado en torno a los énfasis que se ponen en la represión o en la prevención. La primera corriente parte de que la impunidad multiplica el delito, por lo tanto el castigo debe ser el instrumento principal para reducirlo. En la segunda corriente se establece que el delincuente es una víctima social, por lo tanto se supone que los programas sociales deben reducir el delito.

· Es comprensible que algunos demanden la despenalización o regulación del consumo, comercio y producción de las drogas…; sin embargo, en nuestro caso la violencia criminal simplemente cambiaría a otros delitos, con el agravante de que un aumento del consumo nos podría crear un problema de salud pública que no tenemos.

· Nuestra seguridad sólo mejorará si avanzamos en la construcción de Estado y ciudadanía.

· Para nosotros la tarea principal es fortalecer la autoridad del Estado y proteger a nuestros ciudadanos. Una estrategia basada en perseguir a la droga no implica, necesariamente, que fortalecemos nuestra seguridad, sin embargo, si fortalecemos nuestra propia seguridad sin duda seremos más eficaces en combatir el narcotráfico y cualquier tipo de delito.

· El intento de resolver con instituciones débiles heredades del autoritarismo dio tiempo a que el delito echara raíces culturales en nuestras sociedades.

· La tarea primordial en seguridad es evitar que haya víctimas; una sociedad es segura cuando no ocurren delitos y no por el número de criminales que se procesa y encarcela.

·  La actividad criminal que más evidencia la derrota del poder disuasivo del Estado es la masificación de la extorsión.

·  En el caso de México, el régimen del PRI preservaba la paz a partir de un extenso y eficaz control social en todo el territorio ejercido por una amplia red de organizaciones que fueron el componente principal del llamado “autoritarismo incluyente”.

· El antiguo modelo mexicano de seguridad se basó en control social y debilidad institucional... Fue una derivación de periodos autoritarios, por lo tanto ya no es repetible.

· Recuperar el terreno implica que los delincuentes deben perder estabilidad, confort, movilidad, poder de intimidación y capacidad de concentrarse para actuar impunemente… No basta capturar y encarcelar delincuentes, es indispensable contrarrestar todos los intentos de éstos de intimidar, exhibir poder y actuar con violencia.

· Pacificar comunidades y capturar delincuentes no son tareas contradictorias… Las capturas dependen de contar con inteligencia y fuerzas especializadas, en tanto que evitar delitos requiere control territorial.

En suma, dice Villalobos, la actual crisis de seguridad es una crisis del Estado, por ausencia, por cooptación o por debilidad de éste. Todo vacío de autoridad en el territorio es ocupado por otro poder, ya sean criminales, insurgentes o paramilitares. Sin refundar las instituciones de seguridad heredadas de los regímenes autoritarios no es posible proteger a los ciudadanos. Si los policías se parecen a los delincuentes, terminarán como delincuentes.

 

*Bandidos, Estado y ciudadanía, Nexos, enero 2015

 @lrubiof

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Jailed Former Mexican Labor Leader's $10 Million California Mansions Up For Grabs

Escrito por Dolia Estévez el .

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Forbes

Two years after her arrest, Elba Esther Gordillo, a long time union leader and political powerbroker once described by The New York Times as “the most powerful woman in Mexico,” sits in prison in Mexico City waging a fight to be granted the privilege of house arrest for humanitarian reasons. She recently turned 70 years and suffers from a number of illnesses.

Gordillo was arrested on February 26, 2013 at Toluca airport outside Mexico City as she landed on a private jet from San Diego, California where she lived like a queen and spent like a millionaire. Mexico’s Attorney General’s Office accused her of embezzling $200 million in funds from the 1.5 million-member National Union of Education Workers, which she controlled through bribes and perks. She was also charged with money laundering and organized crime.

Gordillo’s arrest was a shocking event in a country where the rich and powerful mostly go untouched by the law. But the government’s initial bold move against a woman whose influence reached into the highest echelons of power, soon gave way to a  sloppily handled case.

Gordillo’s legal status is essentially the same as when she was detained: charged, but not tried, much less convicted. Her attorneys often appear to have the upper hand filing motion after motion to try to release her.

According to San Diego county records, the houses were bought by Comercializadora TTS, S.A. de C.V., a Mexican shell corporation owned by Zoila Estela Morales Ochoa, Gordillo’s deceased mother.

The houses, which the Mexican authorities claimed were purchased with embezzled funds, are currently in judicial limbo. While the Mexican government has not taken any actions to seize them, delinquent property taxes are piling up.

The day after Gordillo’s arrest, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents raided Gordillo’s house. Lauren Mack, ICE spokesperson in San Diego, confirmed that ICE agents executed a search warrant at the request of the Mexican government. “We secured the property meaning it was locked up when we left,” she told me by phone.

One would think that the houses are considered incriminating evidence against Gordillo and that they would be sealed and vacant. “As far as I know, (23 GTR) it’s empty. Don’t know if some one sneaks in at night”, Nick Arthur, General Manager of the Coronado Cays Homeowners Association, told me. As of last month Gordillo had not paid fees to the HOA for at least three years.

Mack, the ICE spokesperson, said that the Mexican Attorney General’s Office is the lead agency in the Gordillo investigation with ICE playing an assistant role. “At this point the investigation is still ongoing and that investigation is being worked by our financial fraud unit related to suspected money laundering,” she said. Gordillo has not been charged in the U.S.

County Clerk Jeff Olson said by phone that property taxes where not paid for any of the residences in 2012, 2013 and 2014 and that payments due in December for the cycle 2014-2015 were missed. In California, property taxes are paid twice a year, in December and April.

Records show 23 Green Turtle Road with a defaulted amount in property taxes of $110,956.60, and 1 Green Tuttle Road with $72,296.99.

Record also show that the Coronado Cays Homeowners Association filed a notice of default early last year, reporting that the properties were delinquent in their HOA fees. Last month the HOA released the notice of delinquency for 23 Green Turtle Road with no explanation. Debora M. Zumwalt, attorney for the HOA, declined to comment.

Under California law, state authorities can take possession of properties with the purpose of foreclosure the fifth year following the declaration of tax default.

The web site Zillow estimates 23 Green Tuttle Road’s market price at $5.6 million and 1 GTR at $4.4 million. Neither property is currently on the market.

Twitter: @DoliaEstevez

 

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Guerrero: La Línea de la Esperanza

Escrito por Raymundo Riva Palacio el .

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El Financiero

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres de México. Tierras sometidas por caciques, han vivido décadas de represión y marginación. Entre los tres hay dos millones y medio de indígenas que de los desfavorecidos, son los más excluidos. Chiapas, Oaxaca y Guerrero componen la cuenca del descontento que en los dos últimos años ha vivido en convulsión. O mejor dicho insurrección, detonada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, que prendió los motores de la rebelión social para concretar La Línea de la Esperanza, el proyecto que busca darle una vida libre e independiente a esa región.

La Línea de la Esperanza fue diseñada por el EPR y el ERPI, que forman las viejas ramas militares de las guerrillas en Oaxaca –más ideológica– y Guerrero –más militarista–, de acuerdo con un documento en manos de autoridades federales desde la primavera del año pasado. Lo que buscan es instaurar una nación indígena en la cuenca más pobre de la nación, en donde todo el sistema de organización social recaiga en ellas. Es un programa mucho más ambicioso que los municipios autónomos que creó el EZLN, que son espacios territoriales donde el Estado mexicano está ausente.

El documento fue entregado al Cisen y revisado durante las reuniones del grupo intergubernamental que se reúne todas las semanas en la ciudad de México para analizar la seguridad en el estado. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios, no se hizo nada. Palabras como “insurrección” o “guerrillas” no parecen haberles significado nada a los responsables de la seguridad del Estado. Tanto que el Cisen desmanteló su división de movimientos armados, lo que explica por qué durante al menos los primeros 30 días después de la desaparición de los normalistas, pese a la densa actividad guerrillera, el presidente Enrique Peña Nieto nunca recibió un informe que lo alertara de la variable guerrillera en Guerrero.

Desde mediados de noviembre se mencionó en esta columna que el EPR y el ERPI, con sus organizaciones fachada en el frente de masas guerrillero, articuladas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsaban la consolidación de una nación indígena, para beneficiar al 15 por ciento de la población en Guerrero, 34 por ciento en Oaxaca y 26 por ciento en Chiapas, mediante el sometimiento del resto de la población en esa franja del sur del país, y la claudicación del Estado mexicano a administrar la cuenca del descontento.

Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que confirma las informaciones previas de que los grupos armados se habían unificado bajo el mando de los eperristas.

En este espacio se describió el árbol de la insurgencia en Guerrero, donde un papel central lo tiene la Coordinadora de maestros, que dirige Ramos Reyes Guerrero, a quien vinculan las autoridades con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa, en la región de La Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el Cisen, a los maestros Pedro Eligio Cabañas, en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otro líder del magisterio disidente, como Minervino Morán, exvocero magisterial, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, que participa en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, un frente del EPR, donde participa Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el Cisen con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante Neto; Gonzalo Torres,comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en la normal de Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El EPR niega todas las vinculaciones con organizaciones sociales, y afirma que quienes las realizan trabajan como “mercenarios” de los órganos de seguridad del Estado. La realidad es que el proyecto de liberación de La Línea de la Esperanza ha ido avanzando sin que el gobierno federal muestre capacidad para frenar lo que sería, de concretarse, la partición del sur mexicano.

Twitter: @rivapa

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Leyes contra los compas

Escrito por Genaro Lozano el .

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Reforma

Vivimos tiempos de contradicciones. Hace apenas 50 años la democracia electoral era una excepción, un privilegio de unos cuantos y hoy es, al menos en Occidente, la norma. Sin embargo, los atentados terroristas del 2001 abrieron las puertas al ánimo de control y vigilancia del Estado, un atentado contra EU que derrumbó uno de los símbolos del capitalismo global y abrió las puertas a retrocesos autoritarios que empezaron con la llamada Ley Patriota, generando un efecto bola de nieve. Por todos lados, los gobiernos nacionales empezaron a promover medidas de seguridad en contra del terrorismo que violentan los derechos de ciudadan@s en entidades cada vez más libres, pero cada vez más vigiladas. 

Así, 14 años después del 2001, en México se busca revivir el ánimo de control al menos en tres niveles en el ámbito federal. Una ley de movilidad que ve en ésta un derecho humano, pero que intenta limitar el derecho a la protesta; el relanzamiento de la llamada "Ley Beltrones" que promete proteger los derechos de autor, pero que busca controlar el uso del Internet; y en una Ley General de Transparencia que promete un gobierno más abierto, pero que en aras de proteger la "seguridad nacional" acaba creando una entidad más opaca. 

Tres pilares de contención. Tres leyes contra los "compas", ese adjetivo que sirvió a fuerzas policíacas para "identificar" a "criminales". Los "compas" que incendiaron el año pasado una puerta en Palacio Nacional porque se cansaron de las desapariciones masivas en México. 

Pulsiones de control que se ramifican y viralizan del nivel federal a los estados, en los congresos locales con mayorías del PRI que hacen "copias pirata" de esas leyes federales, pero cuyos efectos son aún peores. Congresos estatales como el de Veracruz que trataron en 2012 de erigir un cuarto muro de contención al prohibir las críticas dirigidas a un partido en medios impresos. Sólo la alerta de la sociedad civil del estado derrumbó ese intento de ley mordaza. Lo mismo ocurrió en Puebla con la ya desaparecida "Ley Bala" y si se repasan las iniciativas de las 31 Legislaturas estatales se podrá ver el mismo intento por todos lados. Muros contra el activismo, espionaje contra la transparencia, anclas contra la participación ciudadana. 

Las alertas encendidas están hoy en la Cámara de Diputados, donde, por un lado, el PRI intenta aprobar nuevamente una reforma a la Ley de la Propiedad Intelectual y derechos de autor que impulsó Manlio Fabio Beltrones en 2013 y que ahora regresa sin su apellido, pero sacada de su clóset legislativo. La Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) monitorea esta iniciativa desde su primer intento de aprobación y advierte que la reforma busca censurar los contenidos y sitios enteros en Internet y argumenta que ello no va en beneficio de los autores, sino en perjuicio del acceso al conocimiento y la cultura.

Por el otro, también el PRI en el Congreso de la Unión empuja la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que trabajó con organizaciones de la sociedad civil en 2014 en varias mesas de trabajo. Sin embargo, como denuncia la organización Artículo19, esas mesas se cerraron en diciembre pasado y ahora la propuesta de la nueva Ley contempla en su título sexto que las autoridades puedan ocultar información de interés público sin necesidad de explicar sus razones o en su artículo 214 eliminar la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada pero de especial interés público, según un análisis legal de R3D.

Leyes hechas para impedir que en México haya casos como el de Edward Snowden o Chelsea Manning, los famosos whistleblowers o soplones que han ayudado a evidenciar abusos de autoridad de gobiernos como el de Bush y que en México son leyes pensadas para la intimidación, la desmemoria y la censura. Leyes para darle la vuelta a casos como Ayotzinapa y que todos nos quedemos con la "verdad histórica" que no es más que la versión oficial. Leyes contra un Internet libre. Leyes contra l@s compas. Leyes para crear un Estado vigilante en el que no se pueda mover una hoja en el país sin que lo sepa el presidente, por parafrasear a Pinochet en el Chile de la dictadura. 

El gobierno de Peña Nieto presume una fallida y cuestionada cruzada nacional contra el hambre, pero oculta la cruzada nacional contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de la protesta que el PRI y sus aliados han lanzado. 

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Drug Lord El Chapo Guzmán's First Year In Prison: U.S. Extradition Request And A Folksy Documentary

Escrito por Dolia Estévez el .

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Forbes

This Sunday, February 22, marks the first anniversary of Mexican drug lord Joaquin “El Chapo” Guzman Loera’sspectacular arrest in Mexico. Two recent developments stand out in the world’s most notorious kingpin’s first year behind bars: the alleged extradition request by the U.S. government and the documentary “Drug Lord: The Legend of Shorty” (Chapo means shorty in Spanish) to be aired this weekend.

According to informed sources, the extradition request for Guzmán, who is currently in a maximum security prison in Mexico, was delivered in late January to Mexico’s Foreign Ministry by the U.S. Embassy. As a matter of policy, the State Department does not comment on pending extradition requests. Mexico’s controversial Attorney General Jesús Murillo Karam has twice said that the extradition request was imminent, but the Foreign Ministry denied it.

The Mexican government would consider extraditing Guzmán only after he is fully prosecuted and sentenced in Mexico, where he faces eight active criminal cases, which could take a long time, informed sources told me.  One year after his arrest, the Mexican judicial system has yet to produce any conviction against El Chapo.

As head of the Sinaloa Cartel, an international criminal organization with billions of dollars in revenues, El Chapo was known to be the #1 supplier to the U.S. of marijuana, cocaine, heroin and methamphetamines. 

Informed sources tell me that an assessment is currently underway at the DOJ to determine which U.S. Judicial District has the best case to prosecute Guzmán. The districts believed to have the strongest cases are the Northern District of Illinois (Chicago), the Central District of California (Los Angeles), the Southern District of California (San Diego) and the Eastern District of New York (Brooklyn).

David Gaddis, former chief of enforcement operations at the DEA, told me that the decision where to prosecute criminals is based on where the evidence is determined to be strongest and most applicable. “I think the Chapo case applies to this. In the U.S. there is very strong evidence that can be used to prosecute him,” Gaddis opined.

There is not only strong evidence against El Chapo but also witnesses. Since his arrest, several leading figures of the Sinaloa Cartel have been convicted and sentenced in U.S. courts. One is Jesús Vicente “El Vicentillo” Zambada, who was extradited to the U.S. on charges of trafficking more than a billion dollars in cocaine and heroin. Vicentillo’s father, Ismael “El Mayo” Zambada, is believed to have taken over the leadership of the Sinaloa Cartel following El Chapo’s detention.

In 2014, it was revealed that Vicentillo entered into an unexpected plea bargain that resulted in a reduced fine and 10 years in prison. He is considered a top potential witness against El Chapo.

To mark El Chapo’s first year in jail, on Saturday in Mexico Discovery channel will air “Drug Lord: The Legend of Shorty,” a documentary by independent filmmakers Angus Macqueen and Guillermo Galdos. Mostly filmed in Mexico’s Sierra Madre remote mountains, where El Chapo hid for more than a decade, the central implication of the 90-minute film is that Guzmán successfully built one of the world’s most powerful criminal empires through a combination of violence, corruption and silence. The documentary, which was first released in November, features an interview with El Chapo’s 80-year old mother, during which she talks about her son’s generosity.

Last year following his arrest, El Chapo was excluded from Forbes’ Most Powerful People list for the first time since 2009.

@DoliaEstevez

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